El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a la primera legislación que acepta, aunque solo de manera embrionaria, la explotación turística de los parques nacionales, que son la máxima figura de protección ambiental en España. Porque una cosa es favorecer que los pueblos aledaños se beneficien de la proximidad de un parque nacional, por ejemplo con la creación de hoteles, y otra es que se permitan actividades recreativas y remuneradas en su interior. Y esto es, como denuncian los ecologistas, lo que hace el anteproyecto de ley de parques al autorizar la navegación fluvial en uno de ellos, el de Monfragüe (Cáceres), y el vuelo sin motor en otro, el recientemente constituido de Guadarrama (Madrid-Segovia). El texto, presentado por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, deberá pasar ahora el trámite parlamentario antes de su aprobación.
Arias Cañete justificó que la futura ley abre la vía para que los parques nacionales "puedan aportar recursos adicionales" que ayuden a su conservación. También "fomenta la creación de empleos verdes" en los municipios cuyo territorio está ocupado por un espacio protegido.
SOLO 15 Sin embargo, los ecologistas lamentan que la ley diluye la frontera entre parque natural, en el que sí se pueden realizar actividades con fines económicos, y parque nacional, las reservas dedicadas en exclusiva a la conservación de los valores naturales y en los que, salvo excepciones, ni siquiera está permitido el acceso con bicicleta. En España solo hay 15, que suman un total de 300.000 hectáreas, y únicamente uno está en Aragón, el de Ordesa y Monte Perdido, uno de los que más visitantes registra en España y el segundo en ser establecido como tal, el mismo año que el de Picos de Europa.
El Gobierno ha dado vía libre a los "parques temáticos", reiteran los ecologistas. "Una ley general no puede tener estas peligrosas excepciones", lamenta Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF-España, para quien se ha abierto la caja de los truenos para que "todo el mundo diga la suya".
Curiosamente, el texto tiene entre sus grandes objetivos unificar los criterios de gestión de los 15 parques nacionales, así como los que se puedan crear en un futuro, y evitar que cada uno vaya por su cuenta, como destacó Arias Cañete. Aunque el ministro garantizó que la ley "mantiene las atribuciones de las comunidades autónomas y lo que hace es solo mejorar la coordinación", el texto es una reacción ante una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007 que decretó que la competencia en este campo era exclusiva de las autonomías.
A algunos gobiernos autonómicos, como la Generalitat de Cataluña, no les gustó nada el texto, como destacó Marta Subiràs, directora de Políticas Ambientales: "Es una ley innecesaria y recentralizadora cuyas únicas novedades son justamente las que invaden competencias de las autonomías", afirmó.
En cualquier caso, a los ambientalistas les parecen aún más preocupantes otros aspectos. Uno de ellos, como destaca Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, se encuentra en la disposición adicional 7.2, que acepta la edificación en los parque nacionales ya existentes, dentro de "suelos ya urbanos o susceptibles de urbanización". Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, tuvo que salir al paso con posterioridad y asegurar que se trataba exclusivamente de una norma para regular los parques que tienen núcleos de población en su interior, como Picos de Europa, pero "lo cierto es que abre una espita peligrosísima", consideró Del Olmo. "Pretender ver algo más es irreal", añadió Ramos.
EL PODER DEL DUEÑO Otro de los problemas es que los propietarios del suelo --muchos parques se hallan en terrenos privados-- podrán participar en la gestión. Y esto es "particularmente peligroso" a la hora de la caza, afirma el representante de WWF. El anteproyecto de ley la prohíbe taxativamente, pero la permite en el caso de control de poblaciones, como cuando hay un exceso de ciervos u otros herbívoros, una tarea que siempre ha realizado el personal del propio parque. "Si los dueños pueden decidir cómo se hace, eso significa que se abre el camino a la venta de permisos y a las monterías encubiertas", concluye Del Olmo.
