El Gobierno de Aragón acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en lo referido a la gestión autonómica de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro que el Estatuto de Autonomía garantiza a la comunidad.
La ley, que tiene su origen en una proposición de ley que presentó el PAR en febrero de 2014 (cuando gobernaba en coalición con el PP en Aragón), tenía el objetivo de desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo que respecta a la gestión del agua, al rechazo a los trasvases y a la gestión de la citada reserva hídrica.
A pesar de que la ley se aprobó con gobierno popular en Aragón y con el voto a favor del PP en las Cortes, el ejecutivo central recurrió a principios de 2015 la norma ante el Constitucional al entender que Aragón se arrogaba con ella competencias exclusivas que corresponden al Estado y que se vulneraba el principio de gestión unitaria de las cuencas hidrográficas supracomunitarias.
La ley reconocía a la aragonesa como la administración competente en la gestión de la reserva hídrica, fragmentando la unidad de cuencas y ahora, en una sentencia dictada el 19 de octubre, anula estos artículos al asegurar que atribuirse estas competencias sobre la gestión el volumen de aguas que los planes hidrológicos asignen para el uso de los aragoneses implica gestionar una cuenca supracomunitaria y, por tanto, vulnera el orden constitucional de competencias en materia de agua.
También anula los artículos que regulaban una fase de la tramitación de los procedimientos de concesión o autorización de vertidos a cauce público y de reutilización de aguas regeneradas.
En este aspecto entiende el Constitucional que la comunidad "incurre en un claro exceso competencial al regular los efectos de su intervención en la tramitación de los procedimientos que corresponden a los organismos estatales de cuenca".
El Constitucional, no obstante, no ha anulado el artículo que faculta al Gobierno de Aragón a "elaborar planes de regadíos y otros usos, agrarios o no, que tengan por objeto el aprovechamiento de la reserva hídrica para uso exclusivo de los aragoneses, en el ámbito de sus competencias".
Tras conocer la sentencia, el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha apuntado que el ejecutivo es "leal" al Gobierno de España, y acata las sentencias, pero exige al tiempo que los mismos criterios "se apliquen a todos los territorios".
La decisión del TC, a juicio de Olona, demuestra que una ley "se debe hacer con mucho más rigor y seriedad" y se debe a que el Gobierno PP-PAR fue "demasiado lejos" planteando algo que invade las competencias exclusivas del Estado en materia de aguas y en una cuenca como la del Ebro, que es intercomunitaria, ha recordado
Según el consejero, los argumentos de la sentencia demuestran que el camino que se está siguiendo ahora "es el correcto", con la insistencia ante el Gobierno central de que los mecanismos legalmente previstos para la participación, cooperación y coordinación en materia de agua entre el Estado y las comunidades autónomas "se mantengan operativos y funcionales sin interferencias burocráticas ni cortapisas políticas".
"Nosotros estamos reivindicando ante el Ministerio que se nos trate como un Gobierno, no somos un usuario, y este es un ámbito en el que estamos insistiendo y los argumentos no solo nos indican que es el camino a seguir", sino que la gestión en cuanto a policía de cauces y autorización de vertidos "se debe aplicar para todos los territorios".
