El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley para suprimir el Instituto Aragonés del Agua y convertirlo en una dirección general adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
El proyecto se remitirá ahora a las Cortes para su tramitación y está previsto que la nueva ley entre en vigor el 1 de enero de 2018.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado en la rueda de prensa posterior que el proyecto de ley cuenta con un único artículo por el "se suprime y extingue la entidad de derecho público Instituto Aragonés del Agua", creada por Ley en 2001.
La ley ordena el inicio del procedimiento de liquidación del instituto e indica que sus competencias y funciones "pasarán a ser desempeñadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a la atribución de competencias que establezca el Gobierno de Aragón por Decreto".
Por último, un tercer punto señala que "la Comisión del Agua de Aragón y la Comisión de Autoridades Competentes del Agua de Aragón quedan adscritas al Departamento al que se atribuyan las competencias en materia de aguas".
El texto incluye cuatro disposiciones adicionales que establecen, entre otras cuestiones, que la administración de la Comunidad sucederá al IAA en la titularidad de sus bienes, derechos y obligaciones sin alterar su situación o naturaleza jurídica, así como en el ejercicio de las competencias y funciones.
También que el personal con contrato laboral fijo perteneciente al IAA pasará a la administración con la condición de "a extinguir", manteniendo el mismo régimen jurídico que dio origen a su contratación, lo que no supondrá la atribución de la condición de funcionario público ni de personal laboral fijo de la Comunidad.
El personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que a la entrada en vigor de la presente ley preste sus servicios como tal en el Instituto Aragonés del Agua se adscribirá con idéntica condición en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ante las críticas que ha suscitado entre los sindicatos que este personal pase a la administración con la condición de "a extinguir", es decir, hasta su jubilación, pero sin haber pasado ningún proceso, Guillén ha insistido en que el Gobierno se ha basado en la ley estatal del sector público y que la decisión tiene "un alto contenido jurídico" y no es "discrecional ni aleatoria" y que se ha adoptado para defender el interés público y no crear un "vacío de gestión".
