El Gobierno de Aragón aprueba el Fondo de Cooperación municipal

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en declaraciones a los medios previas a una reunión del Consejo de Cooperación Comarcal, en el que tratará también este asunto, entre otros.

Este texto legal, ya remitido a las Cortes para que se debata en el próximo periodo de sesiones y pueda entrar en vigor en 2019, garantiza la autonomía financiera de las corporaciones locales, porque "no hay autonomía política sin autonomía financiera", ha insistido el consejero.

Asimismo ha destacado la importancia de esta nueva ley porque estabiliza, desde el punto de visto económico y financiero, a los municipios, que ya no van a tener que estar pendientes del gobierno de turno.

Por tanto, con esta ley, la de Capitalidad y la de la Comarca 33, sobre la que se va a aprobar un informe hoy, ha dado por cerrado el mapa institucional de Aragón.

El proceso para la creación de la Comarca Central de Zaragoza será más largo, ha señalado Guillén, ya que la propia Ley de Comarcalización establece un periodo de cuatro meses de alegaciones antes de remitir el anteproyecto a las Cortes, así que la idea es que pueda llegar a mediados de junio y su debate se solape con el del proyecto de ley anterior en el próximo periodo de sesiones.

En este caso, ha subrayado que había una institución "clave", que es el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya aprobó sus alegaciones, dado que la continuidad territorial era condición "indispensable" para que la comarca fuera una realidad.

Esta ha sido la "gran dificultad", ha reconocido, pero finalmente se ha llegado a un arreglo mediante el cual Zaragoza aporta el territorio, pero no hará ninguna aportación económica a la nueva comarca, algo que ve "muy razonable".

No obstante, sí que está la puerta abierta a la prestación de servicios vía conciertos o convenios.

Guillén ha recordado que todos los ayuntamientos de la zona, gobernados por diferentes fuerzas políticas, han aceptado el texto legal, con lo que "no debe de haber ningún problema y "sin ninguna duda" la Comarca 33 será una realidad antes del fin de la legislatura, aunque ello está en manos de las Cortes.

En cuanto a la próxima bilateral entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital, ha indicado que lo primero será firmar un convenio económico-financiero para que Zaragoza pueda cobrar los 8 millones de euros que prevé la Ley de Capitalidad y otros 13 más por la prestación de servicios sociales.

Además, ha señalado que el Consistorio también ha planteado algunos asuntos a tratar relacionados con el patrimonio municipal, entre ellos los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Para el Gobierno de Aragón hay otro asunto de "máximo interés", que es el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), ya que quedan por cobrar los ejercicios de 2016 y 2017, ha asegurado.

A este respecto, el consejero ha defendido que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que entregar los padrones, que el cobro debe ser "pacífico" y, a cambio, está dispuesto a que una parte de dicha recaudación se pueda invertir en infraestructuras hidráulicas para la capital.

En otro orden de cosas, ha informado de que el Consejo de Cooperación Comarcal de hoy abordará la situación de "normalidad absoluta" en el seno de estos entes, después de momentos de "cierto vaivén" desde el punto de vista económico.

En este sentido, ha valorado que todas las comarcas aragonesas cuentan con un remanente de tesorería positivo y que ya hay "tranquilidad" para que puedan realizar todas las funciones y servicios que tienen encomendados.

En la reunión de hoy también aprobarán un informe preceptivo acerca de una ley sobre discapacidad y un acuerdo con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) por importe de 20.000 euros para captación de fondos europeos.

Aunque no está en el orden del día, el consejero de Presidencia se ha mostrado dispuesto a escuchar las reclamaciones que pudieran tener los representantes comarcales en cuanto a los problemas con Correos por la falta de servicios diarios o locales.

Ha considerado que quitar oficinas y trabajadores en Correos "siempre es un problema" para el medio rural y, por ello, ha afirmado que en esto tendrán todo el apoyo del Gobierno de Aragón para transmitir sus demandas e inquietudes.

A pesar de que los momentos que vive el país dificultan la mediación con el Gobierno de España, ha insistido en que no tendrá "ningún inconveniente" en hablar con el ministro correspondiente para que servicios básicos que ayudan a combatir la despoblación, como lo es el de correos, no se vean mermados.