Aragón cuenta ya con el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, que se configura como un instrumento de participación y debate sobre las políticas en materia de contratación de la Administración autonómica.
El Gobierno de Aragón pretende con este órgano completar la estructura organizativa de este tipo de contratos, cuyo importe supone, según los últimos estudios europeos, un 14 % del Producto Interior Bruto (PIB), según ha informado el departamento de Hacienda y Administración Pública aragonés.
Este foro, que persigue garantizar el uso eficiente de los fondos públicos destinados a la contratación de obras, servicios y suministros, se suma a la Dirección General de Contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
El nuevo órgano pretende involucrar en el diseño de la política de contratación pública de la comunidad autónoma a sus principales destinatarios, empresas y trabajadores.
El foro se ocupará de plantear la inclusión de medidas normativas o administrativas, buenas prácticas, protección del medioambiente, responsabilidad social, contratación de prestaciones innovadoras, promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, transparencia, competencia entre operadores económicos e integridad en la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos.
Otra de las funciones será identificar oportunidades de uso estratégico de los contratos públicos, principalmente para promover la participación de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos en procedimientos de adjudicación de contratos públicos, localizar oportunidades de contratos que puedan ser objeto de reserva a favor de centros especiales de empleo, así como de empresas de inserción.
Las recomendaciones que emita tendrán carácter orientativo en el diseño de las políticas de contratación pública y estará formado por quince vocales y un presidente, elegidos según criterios de especialización por razón de la materia.
Habrá tres representantes del Gobierno de Aragón, cuatro miembros de cada sindicato y asociaciones más representativas, uno en representación de los centros especiales de empleo, empresas de inserción, trabajadores autónomos, Universidad de Zaragoza y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
