El Gobierno de Aragón ha abierto una investigación a la residencia de Burbáguena de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y, de probarse que hay irregularidades que podrían constituir delito, acudirán a la vía penal ante la «gravedad» de los hechos que se habrían producido en el asilo. Sin embargo, un comunicado oficial del Ejecutivo aragonés ya daba por hecho que la denuncia se presentaría el próximo lunes, ante la jurisdicción penal en el juzgado de guardia, en función de lo que decidan los servicios jurídicos de la institución, que se reúnen hoy para concretar qué delitos serían imputables a los responsables de este centro de mayores.

Fuentes consultadas por este diario explicaron que el Gobierno de Aragón decidió abrir un expediente de investigación ante los informes elaborados tanto por Salud Pública como por Ciudadanía y Derechos Sociales tras el brote declarado en la residencia de la localidad turolense de Burbáguena. Pero el comunicado oficial hablaba ya de que «dada la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, apoyando a Salud Pública y Ciudadanía, presentarán una denuncia ante el juzgado de guardia para la exigencia de las responsabilidades que pudieran proceder».

No obstante, fuentes consultadas por este diario manifestaron que «puede haber denuncia o no», en función de si los hechos analizados pueden constituir delito «o no». El devenir de los hechos explica en parte por qué comenzó esta investigación. La primera información se produjo el pasado lunes, 20 de julio, cuando una residente de este centro se trasladó al hospital de Barbastro para que se le realizara una prueba médica, no relacionada con el virus. Fue allí donde, tras practicarle la prueba PCR, se detectó su caso positivo y se iniciaron las pruebas al resto de usuarios del centro. La primera en someterse a la prueba, su compañera de habitación, también arrojó un resultado positivo, y ahí surgieron las sospechas de que pudiera haber más residentes contagiados.

Según estas mismas fuentes, cuando la primera afectada dio positivo en coronavirus, el día 20 de julio, ya había otros ancianos en el centro que llevaban varios días con cuadros de fiebre. Una situación que los trabajadores aseguran al Ejecutivo autonómico que comunicaron a la dirección del centro, que «no habría hecho caso» a estos avisos, según las fuentes consultadas. Ahora, la investigación se centra precisamente en conocer si la dirección tenía constancia de los cuadros de fiebre de los usuarios, si sabiéndolo decidieron ocultarlo o por qué no se tomó la decisión de practicar pruebas PCR en cuanto se detectaron los primeros síntomas compatibles con el virus. De hecho, no sería hasta el domingo 26 de julio, una semana después del primer caso positivo detectado en la paciente que acudió al hospital de Barbastro, cuando el director del centro habría comunicado a Salud Pública que podría haber casos de covid-19 en su residencia. Ahora, la investigación tratará de esclarecer si hay hechos imputables de delito.

El caso de la residencia de Burbáguena sigue dando de qué hablar, después de que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, denunciara la situación en el Congreso el martes, para enfado del propio departamento de Sanidad aragonés. El rebrote de esta residencia se ha cobrado ya dos víctimas mortales y hay 61 usuarios contagiados, 13 hospitalizados. Tan solo 13 usuarios habrían dado negativo en las pruebas PCR, los trece que fueron ayer por la tarde trasladados al centro intermedio de Gea de Albarracín, que reabrió ayer sus puertas para garantizar que se puede sectorizar el centro de Burbáguena y llevar a cabo en él los aislamientos necesarios para atajar la situación.