Con el presupuesto para este 2020 totalmente superado tras la pandemia del covid-19, el Gobierno de Aragón aprobó ayer el decreto que le permitirá disponer de 510 millones de euros para desarrollar la Estrategia aragonesa para la recuperación económica y social de la comunidad que se ha pactado entre todos los grupos políticos (menos Vox) y las principales entidades sociales y económicas. El objetivo de estos cambios es lograr «la reactivación de todas las inversiones productivas, el impulso de la industria, la economía y el empleo, así como dotar de liquidez a las empresas y autónomos y de mayor agilidad a la administración».

El reto al que se enfrenta el Ejecutivo no es sencillo, pues la comunidad afronta en estos momentos un rebrote del virus en cuatro de las comarcas más pujantes. El presidente de la DGA, Javier Lambán, aseguró que este riesgo está contemplado en los planes de contingencia y que los rebrotes también se están produciendo en toda España y en el extranjero. «Se trata de saber reaccionar y aplicar medidas contundentes para impedir su propagación», precisó al recordar que el resto de comarcas cumplen con las garantías sanitarias y que son seguras para el turismo. En este sentido, pidió la colaboración de los medios para evitar una imagen equivocada de cara al resto de España. Algunos operadores turísticos ya han lamentado cancelaciones por el rebrote de la enfermedad.

CARRETERAS Y VIVIENDA

Las claves principales de esta inyección económica están en aportar un nuevo impulso a los grandes proyectos de inversión de la comunidad (Amazon, Guissona y Canfranc) así como en la recuperación de las obras públicas en carreteras -con 40 millones- o en materia de vivienda y alquiler -con casi 25 millones-. Además, se garantiza el desarrollo de las infraestructuras de depuración -con 7 millones- y de nuevos equipamientos educativos y sanitarios. También se plantea la promoción del sector agrario e impulsar la liquidez de las empresas mediante avales.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, confió a su vez en que la vuelta a la normalidad impulse la recaudación de impuestos, pues será la garantía de que de esta nueva crisis no se sale con recortes en el estado del bienestar ni en la inversión pública, algo que en su opinión es lo que sucedió en la pasada recesión económica.

AVALES Y CRÉDITOS

Los fondos previstos para afrontar esta recuperación no salen de la nada. Los avales y créditos tendrán una importancia fundamental para «no dejar a nadie atrás», según avanzó Lambán. De hecho, en la estrategia acordada (en sus artículos 9, 10, 199 y 205) se habla expresamente de mantener los compromisos adquiridos en materia de contratos de servicios, reactivar los concursos y las licitaciones de obra pública retrasados por efecto de la pandemia, a la vez que acelerar los procedimientos que permiten su ejecución. Estas medidas deberán activarse mediante las oportunas órdenes de los departamentos, que las irán poniendo en marcha en función de las prioridades que se marquen en cada departamento.

Las modificaciones presupuestarias que amparan este paquete de 510 millones de euros no tienen muchos precedentes. «No creo que haya muchas comunidades que movilicen tantos recursos y tomen una decisión tan contundente como la que hemos tomado en el Consejo de Gobierno», aseguró Lambán.

PAGO A PROVEEDORES

En todo el elenco de medidas que se van a desarrollar hasta el 31 de diciembre tiene «una importancia capital», la liquidez de las empresas, indicó Anadón. El objetivo es, por un lado, evitar la morosidad y agilizar el pago a los proveedores de servicios y contratas públicas, considerándolos como servicios básicos de funcionamiento. Así, se ha favorecido el pago de la administración a través de contratos de cuentas de crédito con vencimiento inferior a un año, aumentando la capacidad de endeudamiento del 12 al 30% del gasto no financiero. De hecho, este empeño ha llevado a rebajar en plena pandemia el pago medio a proveedores en 24 días, pasando de los 55 de febrero a los 31,72 días de abril, según celebró el consejero de Hacienda.

TEJIDO PRODUCTIVO

Para que este plan pueda llegar a buen puerto es crucial, según Anadón, el reforzamiento de avales y préstamos a través de AVALIA, Sodiar y Suma Teruel. Entre los tres organismos hay ya anunciadas en la actualidad medidas por 63 millones de euros que tienen una gran capacidad multiplicadora de liquidez en el tejido productivo aragonés. Se trata de mecanismos «para promover el reinicio de la actividad productiva».