El departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón estudia personarse como acusación en el caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel sobre irregularidades en la venta de fármacos.
"Nos hemos visto perjudicados en este caso a nivel económico", han asegurado a Efe fuentes del Ejecutivo autonómico, y por ello, los servicios jurídicos están estudiando "seriamente" esta posibilidad.
La decisión podría tomarse en breve y comunicarse entonces al juez que desde el pasado mes de mayo, cuando se destapó la trama con el caso de la farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel), ha cerrado varias farmacias en las provincias de Teruel y Zaragoza y enviado a prisión de manera preventiva a boticarios y empleados de almacenes de medicamentos de varios puntos de España.
El Ejecutivo aragonés denunció en su día la facturación anormalmente elevada de la farmacia de Palomar de Arroyos cuya titular, presuntamente, habría cobrado al Servicio Aragonés de Salud por medicamentos que no suministraba a pacientes sino que revendía en una parafarmacia valenciana.
A partir de esta investigación, meses después el juez comenzó a dar órdenes para precintar otras farmacias y detener a sus titulares, acusados, según ha trascendido de la investigación que está en secreto de sumario, de vender medicamentos a almacenes para su exportación.
