La dirección general de Justicia del Gobierno de Aragón propondrá a las organizaciones sindicales la continuidad del teletrabajo entre el funcionariado de la Administración de Justicia de la Comunidad autónoma a través, inicialmente, de dos plazos de cinco meses cada uno a partir del próximo 15 de septiembre.
Este ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión que este martes ha celebrado la Comisión Mixta de Coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma y Letrados de la Administración de Justicia, que ha presidido la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.
La propuesta que el Gobierno de Aragón baraja en el ámbito de la Justicia es la de mantener la posibilidad del teletrabajo, con dos días de presencia obligada, como mínimo, en el propio puesto de trabajo, una vez contrastados los buenos resultados de los últimos meses.
El aspecto más importante de esta reunión ha sido poner en común el funcionamiento de la Administración de Justicia a partir del momento de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. El análisis de este funcionamiento se ha repartiado entre tres apartados: el personal, la seguridad y el tecnológico.
Un tercio de los funcionarios con que cuenta la Administración de Justicia en Aragón, cerca de 300 personas, han estado operativas desde sus domicilios a través del teletrabajo hasta la vuelta a la normalidad, disponibilidad que ha supuesto que los procedimientos se hayan tramitado en su totalidad, "una situación que coloca en situación de ventaja la situación procesal de asuntos con respecto a otras Comunidades autónomas", ha informado el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en una nota de prensa.
En concreto, el 42 por ciento de los asuntos están ya en tramitación, porcentaje que unido a que el volumen de entradas, a lo largo de estos meses, se ha reducido cerca del 15 por ciento, hace que casi el 60 por ciento se encuentre en estos momentos en distintos estados de tramitación en relación con datos de 2019.
SEGURIDAD
Los aspectos relacionados con la seguridad y la salud tanto de personal de Justicia, como de operadores y usuarios ha sido otro de los temas tratados en la reunión. La instalación de mamparas en las sedes judiciales se inició el 12 de marzo, antes incluso de la declaración del estado de alarma, mediante la colocación de telas vinílicas en los puntos más sensibles y con mayor grado de atención al público de cada inmueble judicial.
Este trabajo prosiguió durante el mes de abril, fechas en las que se colocaron más de 200 mamparas con la configuración de estor vinílico, material con el que quedaron protegidos todos los puestos de trabajo situados tras los mostradores a la vez que se dotaba de un punto de atención al público a cada sección de los juzgados mixtos.
Durante el mes de mayo y junio fueron añadiendo y modificando mamparas ya ajustadas a las solicitudes en las que se aseguraba el cumplimiento de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad.
En estos momentos, continúa la instalación conforme van surgiendo nuevas necesidades derivadas del incremento de atención al público, en su mayoría para mejorar la seguridad de puestos de trabajo concretos a pesar de contar con las medidas adecuadas de distanciamiento, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
La mayor parte de las mamparas instaladas han sido fabricadas y colocadas por los servicios de mantenimiento que, además, han dotado a todos los puntos sensibles de balizamientos.
SENTENCIAS
El Gobierno de Aragón ha comentado que el hecho de que, poco después de la declaración del estado de alarma, la mayoría de magistrados-jueces, fiscales y letrados contasen con un ordenador portátil, facilitado por la dirección general de Justicia del Ejecutivo autonómico para trabajar desde sus domicilios, ha propiciado que en estos meses se hayan dictado sentencias, decretos, autos y todo tipo de resoluciones, de forma que la recuperación del ritmo normal o la puesta al día presentará menos dificultades.
Además, en este periodo, los letrados de Administración de Justicia han controlado la entrada de asuntos y escritos en los juzgados y, por otra parte, el Decanato de Zaragoza ha seguido repartiendo las demandas presentadas.
No obstante, sí se prevé una "sobrecarga importante de trabajo" sobre todo en la Jurisdicción de lo Social como consecuencia de un previsible incremento de los procedimientos laborales, además de la jurisdicción mercantil.
