Los nueve consejeros del Gobierno de Aragón están ultimando los informes con los asuntos pendientes de sus respectivos departamentos y que deberán tratar con las ministras y ministros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los que destacan la financiación de los servicios públicos, la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado o la ejecución de determinadas infraestructuras.

Apenas dos días después de que Sanchez tomara posesión como presidente del Gobierno de España, el de Aragón, Javier Lambán, dio la orden a sus consejeros de que elaboraran un informe, "consejería por consejería", sobre cómo están los temas de sus ámbitos de responsabilidad para que cuando los ministros tomaran posesión, algo que ha sucedido hoy, empezaran a trabajar inmediatamente con ellos.

En el borrador del informe del área de Presidencia que elabora Vicente Guillén la prioridad es instar la reunión de la Comisión Bilateral, que hace ya un año que no se celebra, desde el 27 de junio de 2017, para tratar, como fija el Estatuto de Autonomía, actuaciones y planes conjuntos para el desarrollo de políticas comunes y diseñar mecanismos de colaboración en los distintos ámbitos sectoriales.

También tiene puesto mucho interés el Gobierno de Aragón en la aprobación urgente de la estrategia contra la despoblación, cuyo borrador no presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a pesar de que en enero de 2018 anunció su presentación "en pocas semanas".

En las manos del Departamento de Hacienda está proporcionar los recursos adecuados para los servicios públicos, y su titular, Fernando Gimeno, solicitará la tan demandada reforma del sistema de financiación autonómica e intentará que las especiales características de Aragón, como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y la especial orografía tengan un mayor peso específico en el reparto de fondos.

Está por ver si estas reclamaciones hacen mella en la ministra, María Jesús Montero, que procede del Gobierno andaluz, una comunidad en la que tradicionalmente se hace valer el criterio de la población para este reparto.

Además, Gimeno está preocupado por que se aprueben cuanto antes los presupuestos generales del Estado, en tanto en cuanto de ellos depende, entre otras cuestiones, el aumento salarial de los funcionarios.

La consejera de Economía, Marta Gastón, pretende poner en la agenda de su homóloga, Nadia Calviño, el futuro de la central térmica de Andorra (Teruel) ante las exigencias medioambientales de la Unión Europea, y la constitución de la comisión mixta para aprobar los proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), cuyo convenio se firmó el pasado 29 de mayo por Lambán y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Hasta que el Ejecutivo central no nombre a los cinco miembros que asisten por su parte a la comisión, los proyectos a financiarse con el FITE estarán paralizados, puntualizan desde el Gobierno de Aragón.

Varias son las infraestructuras pendientes, competencia del Estado, que el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quiere impulsar con el ministro José Luis Ábalos, entre ellas el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, los desdoblamientos de las carreteras N-II entre Alfajarín y Fraga y N-232 entre Gallur y Mallén, la reapertura del túnel ferroviario de Canfranc o pactar una mejora en los servicios que Renfe presta en la comunidad.

Desde la consejería de Sanidad, Sebastián Celaya planteará a la ministra Carmen Montón el traspaso de la sanidad penitenciaria, recuperar con pleno derecho la sanidad universal para todos los inmigrantes y que se garantice una financiación suficiente para afrontar el gasto sanitario, tradicionalmente infradotado en los presupuestos.

Varias cuestiones pendientes tienen también en su cajón el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que tendrá que tratar con el ministro de Agricultura, Luis Planas, la propuesta que han pactado amplios sectores políticos y agrarios de la sociedad aragonesa para reformar "en profundidad" la Política Agraria Común (PAC), en la que se apuesta por el agricultor profesional y por "un mundo rural vivo"; y la ejecución de los regadíos en las zonas declaradas de interés nacional.

Y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le trasladará la necesidad de impulsar los actos de celebración del Centenario del Parque Nacional de Ordesa; avanzar en la construcción de las obras pendientes del Pacto del Agua y, sobre todo, que se ejecute el plan integral del Ebro para la implementación de medidas de prevención de los daños de las riadas periódicas, lo que se fija en 80 millones de euros adicionales a las partidas ya establecidas.

Respecto a Ciudadanía y Derechos Sociales, la consejera Mariví Broto reclamará al Gobierno de Sánchez que asuma su parte en la financiación de la ley de la dependencia, que deben aportar el Estado y la Comunidad al cincuenta por ciento. Aragón recibió en 2017 sólo el 15,5 % del Ejecutivo central.

También pedirá que se materialicen por fin la partidas destinadas a la lucha contra la violencia machista fijadas en el pacto nacional, que prevé una inversión de 200 millones, aunque los presupuestos solo han consignado 80.

En cuanto a Educación y Cultura, Mayte Pérez planteara al ministro de Cultura, Màxim Huerta, la necesidad de planificar los actos por el centenario del Archivo de la Corona, y a la de Educación, Isabel Celáa, le reclamará más financiación para los programas de cooperación territorial como los relacionados con el acoso escolar o con los alumnos con necesidad especiales.

Finalmente, las peticiones de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, se centran en la extensión de la banda ancha en la comunidad y conseguir que las alrededor de 65.000 personas que viven en las zonas más aisladas dispongan de internet.