La propuesta del presidente aragonés, Javier Lámbán, para llevar a cabo la desescalada atendiendo criterios de población, distintos a los que ha presentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría no estar tan lejos de llevarse a cabo. El descontento de algunas autonomías llevó ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a dar un paso atrás al asegurar que el plan puede ser «flexible» y atender a criterios no solo provinciales.
Fuentes del Gobierno de Aragón recibieron este cambio de postura con cierta esperanza, si bien reconocieron que «se debe concretar más» para saber «exactamente» a qué se refiere. De hecho, en la comisión interterritorial se abordó un «planteamiento general del plan», sin entrar en detalle de las propuestas efectuadas por las autonomías.
El ministerio mantuvo, eso sí, la intención de establecer unidades territoriales más amplias que los municipios. Y anunció que habrá una orden «próximamente» para regular el procedimiento de entrada en las diferentes fases. En términos generales, está previsto que se pueda acceder a la fase 1 el 11 de mayo.
Asimismo, insistieron en que la propuesta aragonesa de desescalada permite hacer una vuelta a la nueva normalidad de manera «más precisa». Primero, porque sigue los criterios por zonas de salud, y segundo, «por justicia territorial, porque si la dispersión de la población suele ser un perjuicio, en el caso de este virus, favorece la vuelta a la normalidad porque no hay grandes aglomeraciones de gente, que es donde se puede producir la propagación del virus».
De hecho, insistieron en que muchos municipios españoles cumplen los mismos criterios sanitarios que las islas. Por lo que recalcaron que lo importante es tomar en consideración las zonas básicas de salud, como conjunto de municipios. Y recordaron la disparidad de situaciones que confluyen cuando el ámbito de actuación es una provincia: «No es lo mismo Zaragoza que Belchite», apuntaron.
