El Gobierno catalán acordó ayer solicitar formalmente al Ejecutivo central la paralización de todos los procesos administrativos iniciados para poner en marcha el trasvase del Ebro hasta que esté garantizado el caudal mínimo ecológico del río y se tome una decisión sobre el proyecto para trasvasar el Ródano. También aseguró que estudia acciones judiciales para frenar el Plan Hidrológico Nacional (PHN). La actitud, según el presidente aragonés en funciones, Marcelino Iglesias, garantiza la inviabilidad de la cesión.

La postura de la Generalitat de Cataluña se deriva del fuerte enfrentamiento mantenido en los últimos meses por CiU y el PP respecto al trasvase, a pesar de que los nacionalistas catalanes votaron a favor del PHN de los populares cuando se aprobó en el Congreso en el 2001. Ahora, CiU asegura que el PP no ha cumplido su parte del trato, que pasaba por elaborar un Plan Integral de protección para el Delta del Ebro (PIDE) y por revisar el caudal ecológico (que el PHN fija en 100 metros cúbicos por segundo y que según CiU debería ser de 135).

Esta polémica se ha ligado directamente con el hecho de que el próximo otoño hay elecciones autonómicas en Cataluña; de hecho, el PP acusó a los nacionalistas de hacer electoralismo al rechazar ahora el trasvase. Estos rechazan las críticas y aseguran que CiU ya puso condiciones al PHN en el 2001 y que éstas no se han llevado a la práctica.

RESPUESTA Ayer, los consejeros catalanes Artur Mas y Felipe Puig dieron a conocer el ultimátum del Gobierno de Jordi Pujol y la exigencia de paralizar el trasvase, y explicaron que esta medida responde a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de someter a información pública el estudio de impacto ambiental y el trazado del trasvase "sin la aprobación previa del plan integral del delta del Ebro", informó Montserrat Baldom .

El Ejecutivo catalán recordó que la ley del PHN establece la obligación de redactar el PIDE en un año, un plazo que se ha rebasado con creces. En el proceso de estudio, según el Gobierno catalán, se ha acreditado técnicamente que el caudal mínimo ecológico de 100 metros cúbicos por segundo fijado transitoriamente por el PHN es "insuficiente".

El presidente de Aragón en funciones, el socialista Marcelino Iglesias, resaltó la importancia de esta decisión de la Generalitat y aseguró: "Sin Cataluña y sin Aragón el trasvase del Ebro no se va a poder hacer". En su opinión, el PP se ha quedado sin apoyos y no podrá tramitar la redacción del proyecto del trasvase antes de las próximas elecciones generales. "Todos los pasos que supongan el más mínimo avance los vamos a impugnar", garantizó.