El Gobierno ha indultado, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a M. V. H. P., condenada a tres años de cárcel por contrabando después de que la Guardia Civil la interceptara en Zaragoza, el 4 de julio del 2011, cuando transportaba un alijo de 25.450 cajetillas de tabaco rubio de procedencia ilegal. También le fue impuesta una multa de 100.000 euros.

El indulto, aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del 27 de diciembre y publicada hace unos días en el BOE, justifica por "razones de justicia y equidad" y por "las circunstancias de la condenada" la rebaja de la pena de tres años de prisión a dos, lo que, al carecer de antecedentes penales, permitirá a M. V. H. P. eludir la obligación de ingresar en un centro penitenciario para cumplirla.

ANTECEDENTES El Consejo de Ministros indultó a lo largo del año pasado a 21 delincuentes condenados por tribunales aragoneses. Entre esas medidas graciosas del Ejecutivo destacan algunas como la que le permitirá al madrileño A. R. V. purgar con 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad la entrega en Zaragoza de un alijo de dos kilos de heroína, o la que redujo de cuatro años a 18 meses la pena de un camarero de Fraga que, con el elevado volumen de la música del local, provocó a dos vecinos trastornos psicológicos con fatiga crónica, estrés, ansiedad y, en uno de los casos, una neurastenia que dejó una secuela de insomnio.

La contrabandista, vecina de Salamanca, fue interceptada por la Guardia Civil en la AP-2 a su paso por Zaragoza cuando transportaba en un coche de alquiler un alijo de 5.000 cajetillas de Ducados, 4.990 de Camel y 15.460 de Winston. Detuvo el vehículo a unos 500 metros del control, lo que hizo que los agentes, al considerar sospechosa es maniobra, se acercaran y descubrieran el alijo.

Según declaró en el juicio --se había negado a hacerlo tanto ante la Guardia Civil como en el juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza--, alguien a quien no identificó le había propuesto trasladar el cargamento de Lérida a León a cambio de 500 euros, trato que ella aceptó, dijo, pensando que era algo legal.

El tabaco, de procedencia extranjera e introducido en territorio español sin pagar los correspondientes impuestos, habría alcanzado un valor de 91.704 euros una vez distribuido al menudeo.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza le impuso a M. V. H. P. la pena que solicitó la Fiscalía, mientras la defensa pidió la absolución.