El Gobierno central pretende impedir que Zaragoza pague la extra del 2012

Así se lo hará saber de forma inminente al ayuntamiento zaragozano la Delegación del Gobierno en Aragón, que ha sido la herramienta que Hacienda ha escogido para comunicarle al consistorio que no puede pactar, ni mucho menos abonar por adelantado, una especie de amnistía generalizada para todos los empleados públicos municipales antes de que se pronuncien los tribunales.

EN MAYO Y OCTUBRE Así que en el ánimo de esta notificación está evitar a toda costa que el Gobierno que dirige el socialista Juan Alberto Belloch se anticipe al pronunciamiento de los jueces, que en el caso de la capital aragonesa, solo lo han hecho con los trabajadores de las sociedades Zaragoza Deporte y el Instituto Municipal de Empleo, para unos 300 empleados en total, no para los más de 5.500 que dependen y trabajan para la Administración local.

Que no se cumpla ese acuerdo que a finales de febrero sellaron el Gobierno de la ciudad con los sindicatos por el que el consistorio se comprometía a desembolsar los "tres millones de euros". Esto era lo que costaría hacer frente al 25% de la extra de Navidad que no se le abonó a todo el personal, en dos veces, un 50% en la nómina del próximo mes de mayo y el resto en la de octubre. Ese era el compromiso y el plazo que ambas Administraciones tienen para entenderse antes de judicializar estas diferencias entre el ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda. Pero el Ejecutivo central no esperará tanto para acudir a los tribunales.

DE NUEVO BETETA El pulso con la quinta ciudad de España está servido. Y no es el primero ni el único. Lo que preocupa en Madrid es que la capital aragonesa ejerza de bastión contra una medida muy controvertida, cuya legalidad está en manos del pronunciamiento que haga el Tribunal Constitucional, y que en el futuro no sea la última ciudad que decida hacerlo, sino que haya otras que se animen a desafiar esa supresión. Por más que el consistorio solo se esté limitando a asumir el coste de la parte que le fue devengada a los funcionarios en el 2012, los 44 días que ya habían transcurrido antes del real decreto del 14 de julio del 2012 que anunció la eliminación, y no la totalidad.

Pero no es la primera afrenta, ya que a finales del año pasado ya lo hicieron Extremadura y, antes que ella, Castilla y León, que anunciaron que pagarían ese 25% de la extra de Navidad a sus trabajadores. El propio presidente extremeño José Antonio Monago aseguró que abonaría una tercera paga este año, y el castellanoleonés Juan Vicente Herrar que lo haría a plazos, como decidió luego Zaragoza.

Y el Gobierno central, en boca del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reaccionó y declaró públicamente que recurriría esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Como ya se hizo con la decisión del Gobierno vasco, en el 2012, de hacer oídos sordos a la supresión dictada por el Ejecutivo. Un veredicto del que a día de hoy siguen pendientes todas las instituciones y el personal que trabaja para ellas.

El problema es que Zaragoza puede sentar un grave precedente para el Estado, ya que es la primera gran ciudad española que decide dar un paso al frente y que ha apostado por hacerlo antes incluso de que lleguen las sentencias de los seis recursos presentados en los tribunales por los sindicatos municipales.

Quizá por esta reacción estatal se mostró tan reticente a abonar el 25% de la extra cuando se produjo la primera sentencia y optó por recurrirla. Y por eso esperó a que hubiera una sentencia en el contencioso que le diera base jurídica. No para pagarlo, sino para mantener este pulso.