Ningún miembro del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se plantea dimitir pese a estar todos investigados -antes imputados-, incluido el alcalde Pedro Santisteve, por un supuesto caso de «prevaricación administrativa» por su gestión en Ecociudad. El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha admitido a trámite la denuncia del exgerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, que tiene como origen el golpe de mano que el primer edil dio el 9 de febrero (9-F), cuando expulsó a la oposición de los consejos de administración de las sociedades, para cesarle del cargo cinco días después y, posteriormente, cambiar los estatutos de Ecociudad.
Aunque el código ético de ZeC contempla la dimisión «ante la acusación pública por el ministerio fiscal (...) por delitos relacionados la prevaricación», el vicepresidente de la sociedad, Alberto Cubero, anunció que no lo harán. Como Fiscalía no ha formulado acusación, afirmó que no estén investigados. El 19 de junio la magistrada firmó un auto admitiendo a trámite la querella presentada el 7 por Portero.
El edil explicó que «solo se ha abierto una investigación en la vía de lo penal» y que se les ha requerido de forma individualizada información sobre la decisión del Gobierno de la ciudad del 9-F de tomar el control del 100% de las sociedades así como del resto de actas de los consejos de administración celebrados en Ecociudad. Esta afirmación contradice el decreto firmado por el propio alcalde el 25 de junio, donde designa a los letrados Carlos Navarro y Francisco Rivas para que presten asistencia y defensa jurídica a los concejales en «calidad de investigados».
COMPARECENCIA / Tal y como públicó Heraldo, los nueve miembros del Gobierno municipal podrían tener que comparecer en calidad de investigados por un supuesto caso de prevaricación administrativa en el cese de Portero y la modificación de los estatutos que permitieron echar al exgerente de la sociedad. Según explicó Cubero, no hay posibilidad de que esto ocurra porque, aseguró, «la causa se archivará».
Negó que se haya producido tal delito ya que la modificación de los estatutos está avalada por los informes favorables de la asesoría jurídica, el secretario del pleno y el registro mercantil, donde no se manifestó problema alguno, explicó. A su juicio, tanto la querella por prevaricación como las otras cuatro denunciar presentadas por Portero -tres de ellas archivadas- se deben a «una rabieta» del funcionario. Este también denunció que el nombramiento de su sucesor, Joaquín García Lucea, se produjo sin acatar las exigencias legales, ya que la modificación de los estatutos se hizo después de ser cesado, algo que se debía hacer previamente.
Además de Santisteve y Cubero, también están querellados la vicepresidenta, Luisa Broto, y los concejales Teresa Artigas, Elena Giner, Pablo Híjar, Fernando Rivarés, Arantza Gracia y Pablo Muñoz. Podrían enfrentarse a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo entre 9 y 15 años.
