El Gobierno de Aragón no sabe qué cantidad económica recibirá del Estado central en materia de dependencia. Aunque en los presupuesto autonómicos aparece una partida de 50 millones de euros, hasta que no acabe el 2014 no sabrá de qué dinero disponen.

Fuentes del departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia indicaron que lo percibido del Estado en concepto de nivel mínimo "no se concreta en una cifra cerrada, sino que depende del número de beneficiarios que tenga incorporado la comunidad autónoma al sistema" atendiendo a su grado. Actualmente, hay 18.037 personas con prestación por dependencia, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La financiación del 2013 del Estado central para este ámbito fue de 25,6 millones de euros. La mitad que la presupuestada para este año. En el 2012 Aragón recibió 41 millones de euros para dependencia, 46 millones en el 2011. Los datos reflejan que en los dos últimos, el Estado ha reducido en un 50% la partida para este sector. Aragón es la comunidad autónoma en la que más se ha reducido este montante de dinero.

Atendiendo al Real Decreto del 2013 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se introdujo una variable: aquellas autonomías que más servicios ofrezcan frente a las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, recibirán más dinero.

TELEASISTENCIA Aquí se vislumbra la asignatura pendiente de la DGA. Fuentes del ejecutivo autonómico explican que la financiación central se destina "al conjunto del sistema".

Aragón, Islas Baleares y Canarias son las únicas comunidades que no prestan directamente el servicio de teleasistencia. En el caso de Zaragoza, se hace a través de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza que se encarga de la gestión y el control. Este año la partida municipal para este propósito se ha reducido en alrededor de 700.000 euros. Se destinan 1,7 millones de euros para 9.101 dependientes, los mismos que en el 2013. "Con menos presupuesto hemos conseguido atender al mismo número de personas", indica el responsable municipal de Acción Social, Roberto Fernández.

Otro de los servicios que están a cero son las ayudas a domicilio. Además de Canarias, la Comunidad Valenciana y Murcia, la comunidad aragonesa tampoco presta directamente esta asistencia. Sí lo hace el consistorio zaragozano que ha destinado 12 millones de euros, también cofinanciados por el IASS.

AYUDAS POR GOTEO Desde el Foro Aragonés del Paciente denuncian la "ralentización" en la tramitación de las ayudas. Si antes de los recortes se tardaban de 3 a 6 meses en hacer el papeleo, ahora llega a superar el año, lamentaron.

Marea Naranja, integrada por varios trabajadores sociales, critica que cada vez se resuelven menos Planes Individualizados de Atención (PIA), competencia de los trabajadores sociales del los centros municipales. "No es porque haya menos dependientes", recalca, sino porque "a no ser que las resoluciones sean para que los dependientes vayan a residencias o centros de día, no se aprueban". "La ley de Dependencia en Aragón comenzó sin la puesta en marcha de los servicios, en lugar de una ley de servicios es de prestaciones económicas", añaden, siempre y cuando se destinen para residencias.

Una mensaje que coincide con el de los propios trabajadores sociales. "Desde que comenzó el año he resuelto cuatro PIA. Antes hacía tres diarios", critican.

SIN SEGUIMIENTO Desde el consistorio desmienten que se esté reduciendo el número de PIA. Sí que coinciden con los trabajadores sociales en que cada vez desempeñan más funciones. "Ahora nos dedicamos más a aprobar ayudas urgentes o ingresos de inserción", aseguran.

Marea Naranja señala que uno de los principales problemas es la falta de seguimiento de las familias que reciben una prestación. Aseguran que es necesario "porque hay casos que hacen un uso fraudulento", aunque no sea una mayoría. Tanto el Foro del Paciente como Marea Naranja afirman que entre las familias cunde la sensación de "que no van a recibir la ayuda o que tardarán mucho" por lo que, en los casos de personas mayores, optan por no solicitarlas.