El Gobierno y "la mesa técnica" para la reforma en la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) se han dado hoy una semana de plazo para plantear una redacción alternativa que pueda facilitar el consenso.
El Gobierno de Aragón informa en nota de prensa de este plazo pactado durante la reunión de hoy, en la que destaca, además, que el cierre de pago de todas las zonas de Zaragoza ha concluido con 249.210 recibos pagados, el 69,57 % de los emitidos en la capital aragonesa.
En el encuentro de hoy, el Ejecutivo ha expuesto las 10 líneas o criterios generales en los que podría haber acuerdo.
Líneas que, a su vez, han provenido de las aportaciones hechas antes por integrantes de la mesa.
Son "matizaciones", se indica en la nota, que se van a estudiar con "la posibilidad de sugerir otra redacción durante una semana".
"En principio todos los asistentes han afirmado su conformidad con las líneas propuestas, si bien se ha solicitado un plazo para su análisis y consideración con las organizaciones a las que representan", ha señalado la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, tal y como recoge la nota.
Entre las propuestas, se apunta a la racionalidad y simplicidad en la gestión del tributo; a la progresividad, de modo que "la estructura tributaria en el ciclo del agua procure un incentivo a un uso racional y una menor contaminación" y que no se penalice a los hogares con más habitantes o a los usos empresariales.
También se recoge el principio de "quien contamina paga" y se indica que "debe existir un instrumento que incentive el tratamiento de las aguas residuales aunque no exista prestación de servicios", así como que la contribución debe fijarse en función de la contaminación, considerando en cada sector cuales son las mejores técnicas disponibles.
Se demanda que las administraciones públicas deben coordinarse y colaborar entre sí para evitar al ciudadano molestias en la atención de sus obligaciones y en el acceso a la información.
En los cuatro últimos puntos se señala, además, la solidaridad y corresponsabilidad, pues los usuarios deben contribuir al mantenimiento de las masas de agua en buen estado; la universalidad, por el que los usuarios vulnerables deben tener protección; y la equidad tributaria, por el que todos los ciudadanos deben contribuir.
En la reunión han estado presentes las asociaciones de consumidores de Torre Ramona, San Jorge y UCA; la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); representantes de CEPYME y CEOE-Aragón; el clúster para el uso eficiente del agua Zinnae y la Red Agua Pública de Aragón (RAPA)
Por parte del Gobierno de Aragón, han tomado parte de la mesa el director general de Tributos, Francisco Pozuelo; la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, y el secretario general técnico del Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano.
