El Gobierno central confirmó ayer a los representantes de las comunidades autónomas que acudieron a la reunión sectorial de Justicia que finalmente no acometerá la anunciada privatización del Registro Civil -poner algunos trámites en manos de los registradores de la propiedad, previa tasa-, y sigue adelante la puesta en marcha para este verano (30 de junio) de la nueva ley del organismo.
Una norma que, según el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, no se implantará de forma efectiva. «El problema es que entrará en vigor a medias, ya que establece, en vez de las actuales secciones, una página por individuo y de tipo informático y, en este sentido, no está preparado el ministerio para ello».
Guillén se alegró de que no llegue la privatización, pero lamentó que se haya perdido «un tiempo precioso» para aplicar la ley desde el 2011. Y también reprochó al ministerio que, mientras se aplica la nueva normativa, «carga los costes a las comunidades autónomas».
En la sectorial se trató también sobre la incorporación de Jueces de Adscripción Territorial para auxiliar en las demandas sobre cláusulas suelo. Algo para lo que las comunidades autónomas tendrán que aportar personal, con la limitación actual del techo de gasto.
En cuanto a la Oferta de Empleo Público, otro de los puntos del orden del día, Vicente Guillén recordó que en la Comunidad Autónoma de Aragón existen 76 vacantes, de forma que si el ministerio convoca oposiciones, «queremos que se oferten plazas de nuestro territorio».
El consejero también instó a trabajar en el convenio y establecer «un cronograma con un compromiso de fechas» para implantar el Sistema de Gestión Procesal Común, y apostó por que las pruebas de acceso a la abogacía se puedan realizar en Zaragoza, dado que la universidad cuenta con más de cien aspirantes, número a partir del cual ya se pueden celebrar en una ciudad.
