El Gobierno de Aragón y Podemos mantendrán este jueves, 18 de enero, la primera reunión para revisar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), un encuentro con el que se pone en marcha la mesa acordada para iniciar la tramitación parlamentaria y a la que el ejecutivo no se sentará "con líneas rojas".

De este modo, el Gobierno está "abierto" a posibles modificaciones y los márgenes de maniobra "no están predeterminados" antes de empezar a hablar, según ha explicado el presidente de Aragón, Javier Lambán, en declaraciones a los medios durante su visita a una residencia de personas mayores de Zaragoza.

No obstante, ha apuntado que los grupos de izquierda están de acuerdo en que "no es posible de entrada que el resultado final de la recaudación sea inferior a la actual".

Así, ha indicado que si el ICA se aplica tal y como está previsto en el presupuesto de 2018 rendirá unos 70 millones de euros y en el ciclo hidráulico se gastaran en torno a 75 millones, y ha incidido en que es "razonable" aplicar más progresividad en el impuesto y en que existen "otras cuestiones" que se puedan plantear.

Lambán ha recordado que el ICA ha estado "rodeado de polémica" y que su ejecutivo está acometiendo una revisión del sistema de depuración y saneamiento dentro de la Comisión del Agua que desea que se produzca con "la mayor transparencia y participación".

Ha insistido en que se confunde a la ciudadanía cuando se relaciona el plan de depuración con la aplicación del ICA, impuesto que existe "en todas las comunidades menos en cuatro" y que está "totalmente alineado" con la directiva europea y dirigido a gestionar de forma razonable y sostenible el agua como recurso.

No obstante, ha reconocido que "seguramente tiene algunas imperfecciones en su aplicación" y que por ello se comprometieron con Podemos, en aras a la aprobación inicial del presupuesto de 2018, a poner en marcha esta mesa que se reunirá por vez primera el jueves para introducir criterios de progresividad o estudiar "cualquier asunto que se pueda plantear desde el ámbito técnico".

Desde la firma de ese acuerdo con Podemos, el pasado 20 de diciembre, existe un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo de revisión y reforma del ICA y el propósito del Gobierno es llegar a ese pacto.

Mientras tanto, el ejecutivo va a llevar a cabo una campaña "intensa" para explicar a la ciudadanía en qué consiste ese impuesto, que supone un coste anual de unos 29 euros por familia y que está destinado a gestionar adecuadamente el ciclo del agua.