El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un plan de acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y el cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares sin planes de reconversión. Este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Este plan, para el periodo 2019-2021 tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas y centrales como la térmica de Andorra que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá del 2020. Son 9 de las 14 existentes en España. En el plan también se incluyen las zonas con centrales nucleares sin planes de reconversión, como Garoña y Zorita.
En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a cinco años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. El objetivo último, según explican fuentes dle ministerio de para la Transición Ecológica, es haceer especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación.
FONDOS MINER NO UTILIZADOS
Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es el dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de cinco años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de tres años.
No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas del próximo 28 de abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes de esa fecha. La intención del Ejecutivo es que el primero de ellos se firme con Andorra.
Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo, y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo que se llevará al Consejo de Ministros será un borrador que iniciará su periodo de consulta pública. Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este plan de acción urgente «ya está hecha».
El Gobierno de Sánchez planea así lanzar una estrategia de transición justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo --en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo-- producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.
