El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar al Ejecutivo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la ley aragonesa de acceso a la vivienda y prestaciones sociales. Según explica la referencia publicada tras la reunión del consejo, la mayor parte de los artículos y disposiciones «reproducen, con ligeras variaciones, el contenido de los artículos y disposiciones» del decreto-ley del Gobierno de Aragón del 15 de enero del 2015, que fue ya impugnada ante el Tribunal Constitucional el año pasado y «cuya sentencia está pendiente».
En octubre del año pasado el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del Gobierno central contra el decreto de Aragón que prevé medidas como la prohibición de embargo para las prestaciones sociales, o la paralización de desahucios para personas vulnerables, y ello motivó su suspensión cautelar.
Sobre los procesos de ejecución hipotecaria, apunta a la infracción de las competencias exclusivas del Estado «en materia de legislación procesal, ordenación del crédito y planificación general de la economía». Argumenta el Gobierno que el texto aragonés introduce «un supuesto de suspensión automática e incondicionada en los procesos de ejecución hipotecaria no previsto en la ley estatal», y ello «sin que exista una base constitucional que lo ampare».
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó al Gobierno de Aragón a emitir avales por importe máximo de 1.090.950 millones de euros para «subsanar» los concedidos por el Gobierno aragonés a Avalia y el instituto de investigación Fundación Zaragoza Logistic Center. A Avalia se le concede un total de 865.950 euros y los destinados a la Fundación Zaragoza Logistic Center, por un total de 225.000 euros, serán para la financiación de maestrías a estudiantes del curso académico 2017-2018.
