El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro debería haber comparecido ayer en el Parlamento navarro para explicar la situación que se vive en Yesa por las obras del recrecimiento del pantano y el deslizamiento de una parte de la ladera en la que se apoya la presa pero a última hora, la delegada del Gobierno en la comunidad vecina, Carmen Alba, impidió su comparecencia. Alba consideró que la Cámara no era competente para solicitar la comparecencia por pertenecer la CHA a la Administración del Estado y ser por tanto competencia de las Cortes generales , y así lo notificó a esta asamblea legislativa hace tres días. Se da la circunstancia que De Pedro ya había rechazado comparecer en esta sede hace unos meses, al igual que se ha opuesto a hacerlo en las Cortes de Aragón alegando que la CHE es un organismo ministerial.

Tanto el artículo 12 de las Cortes de Aragón como el 14 del Parlamento de Navarra indican que los diputados, previo conocimiento del portavoz de su grupo parlamentario, pueden solicitar información de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, aunque no especifica cómo.

Por este motivo, la Junta de Portavoces de las Cortes de Navarra condenaron ayer la actitud de la delegada del Gobierno al impedir esta comparecencia mediante una declaración institucional impulsada por Bildu y Aralar-Nafarroa Bai y que recibió el apoyo del Partido Socialista de Navarra, Izquierda-Ezkerra y de UPN en algunos puntos. El PP votó en contra. La declaración indica: "El Parlamento de Navarra rechaza la actuación de la delegada del Gobierno por la que impide que el presidente de la CHE comparezca en sede parlamentaria el próximo día 25; en una sesión ya convocada. El Parlamento de Navarra manifiesta que la delegada del Gobierno vuelve a ningunear al Parlamento y, en este caso, también a los afectados por las actuaciones en el pantano de Yesa. El Parlamento de Navarra se solidariza con las personas afectadas, y considera inadmisible la incertidumbre a la que se ven sometidas, así como la opacidad con la que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra está tratando este tema, que tan graves consecuencias está acarreando a las personas que residen en la zona".