El Gobierno de Pedro Santisteve aprobó ayer auditar los costes del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad que gestiona FCC. Desde el 1 de enero del año pasado, lo presta en reconocimiento de obligación, es decir, sin contrato. Aunque el acuerdo contempla esta opción, resulta llamativo que haya decidido hacerlo a tan solo una semana de que Zaragoza en Común (ZeC) abandone la Alcaldía para pasar a la oposición. Lo que no es llamativo es que lo haga con esta multinacional, con la que ha estado en un enfrentamiento constante durante toda la legislatura.
La Intervención General municipal será la que se encargue de la auditoría aunque no podrá hacerlo hasta que se haya iniciado la ejecución del nuevo contrato de conservación y, por tanto, haya finalizado el periodo de continuidad del servicio. De acuerdo al resultado, se fijará el coste real definitivo prestado desde el 1 de enero del 2018 hasta el día de adjudicación del nuevo.
El contrato de explotación finalizó el 31 de diciembre del 2017.Tres días antes, según se explica en el expediente municipal, se dispuso la continuidad de FCC al frente del servicio y se estableció que se retribuiría a su coste real. Desde entonces, tanto el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, como la exconcejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, que dimitió a tres meses de las elecciones, han denunciado que la empresa estaba cobrando por servicios que no le correspondían.
FACTURAS DE RESTAURANTE
Ante la duda, en noviembre del año pasado el Gobierno municipal aprobó suspender los pagos a FCC por el «incomprensible» incremento de los costes. Por ejemplo, decían, los recibos de agosto se incrementaron un 26% respecto a la de enero. Hasta que la empresa no envió las facturas tal y como exigió el ayuntamiento estuvo sin cobrar.
El concejal llegó a anunciar que solo pagaría un millón al mes a la multinacional, al considerar que era la cifra correcta porque es la que empezó a cobrar tras finalizar el contrato en vigor. Los rifirrafes han sido constantes y se quedaron en stand by en marzo una vez que Cubero sacó a relucir una factura que FCC le había pasado al consistorio correspondiente a una comida en Santoña y que se elevaba a 90 euros en la que se había degustado un chuletón con unas anchoas y cervezas. Según la empresa, formaba parte de su contabilidad interna y que, por un error, se había traspapelado entre la documentación entregada al ayuntamiento.
Un mes después, el concejal aseguró que gracias a esta denuncia la empresa volvió a pasar el coste real del servicio de modo que pasó de los más de 1,3 millones de euros que llegó a alcanzar en octubre a los 960.000 del último recibo. «Son más de cuatro millones de euros los que nos estaban robando a manos llenas y solo por una factura de un chuletón de 87 euros se mandó parar. ¿Quién nos lo iba a decir el jugo que iba a dar?», llegó a afirmar.
Como colofón, ZeC ha cumplido a rajatabla una de las posibilidades que incluía el acuerdo con la empresa, la auditoría. Según el expediente, «una vez adjudicado el nuevo contrato e iniciado su ejecución, podrá realizarse una auditoría específica de los costes correspondientes al servicio efectuado».
Tras varios recursos en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), entre los que constaba uno de Fomento, la licitación del servicio acabó saliendo adelante y la mesa de contratación ya se ha reunido dos veces, en las que ha valorado oferta técnica y económica. Es por esto, según se explica en el informe, por lo que el Gobierno municipal considera que es el momento de impulsar esta auditoría de los servicios prestados y los costes facturados que efectuará la Intervención General municipal.
