Los gobiernos locales han pedido hoy al Ejecutivo de Mariano Rajoy que sean ellos los que hagan una ley específica con dotación económica para frenar la despoblación de las zonas rurales.

Ésta es una de las principales conclusiones del II Congreso sobre Despoblación, que se ha celebrado desde ayer en Huesca, organizado por la Diputación Provincial y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La intención ha consistido en poner el foco en una realidad: que el 80 por ciento de la población española vive en sólo el 20 por ciento del territorio y que la mitad de los municipios españoles, 8.125 en total, están ya en riesgo de extinción.

Durante dos días, presidentes de diputaciones, alcaldes, expertos y académicos han debatido sobre despoblación y sobre cómo repoblar los municipios abandonados o a punto de quedarse abandonados.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la comisionada para la Estratega Demográfica, Edelmira Barreira.

Precisamente, es Aragón una de las comunidades más afectadas por la llamada "desertización" de las zonas rurales, lo que llevó a su presidente, ayer, a comprometer un apoyo "cerrado" al Gobierno del PP para convencer a la UE de que hay que atender esta realidad como "una política de Estado".

Europa, por tanto, está llamada a jugar un papel protagonista, sobre todo porque se están pergeñando los presupuestos comunitarios para el periodo 2020-2030.

Otra de las conclusiones destacadas del congreso de Huesca exige contar con una financiación suficiente y, para ello, pide que la despoblación se convierta en un factor preferente cuando haya que repartir los fondos que recalen en España. Los gobiernos locales se encargarían de gestionarlos.

El secretario general de la FEMP, Juan Ávila, en rueda de prensa, ha apuntado que esa posibilidad es "la primera vez" que se está planteando en Bruselas.

Pero, además, la Federación, a través de su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido a los expertos que están analizando la reforma de la financiación local que también la despoblación cuente ya con cuantías concretas, con "un margen" suficiente de recursos para poner freno a este fenómeno.

La FEMP, de hecho, entregará un documento muy preciso en este sentido a dicha comisión de expertos, y lo hará en breve, ya que los trabajos del estudio acabarán en agosto.

Por otro lado, dado que la comisionada del Gobierno para la Estrategia Demográfica está coordinando un documento con propuestas para paliar la despoblación, en cuya redacción participan todas las administraciones, la FEMP planteará que cada una de esas medidas tenga dotación presupuestaria.

La financiación, en definitiva, ha sido la gran demanda del Congreso y, junto a ella, la entrada en vigor de una ley específica.

Según señala el texto de conclusiones del congreso, los gobiernos locales participarían en la redacción de la norma desde el primer momento, defenderán que tenga dotación económica y luego se la darán a las comunidades autónomas para que la encajen en sus ordenamientos.

Que prolifere la banda ancha para conectarse a internet, "mancomunar" la prestación de servicios públicos en los pueblos, mejorar las infraestructuras viarias, crear una red de transporte público a demanda o cambiar la Política Agraria Común, de modo que el nivel de renta no sea tan influyente, son otras demandas del congreso.

La fiscalidad ha recibido una atención prioritaria: diseñar un modelo tributario que fomente la residencia en las zonas rurales es esencial, tal y como han indicado muchos ponentes.

Esas ventajas fiscales habrían de estimular nuevos nichos de trabajo y de actividad, de modo que para los jóvenes, por ejemplo, sea más sencillo instalarse en municipios pequeños.

Con todo, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha defendido ante los medios la rentabilidad de los servicios desde la proximidad, que es lo que hacen las diputaciones, y que el Gobierno de España favorezca la propagación de la banda ancha a todos los rincones del país.

Asimismo, ha exigido leyes que recojan las particularidades de lo rural. "Muchas normas pensadas en el ámbito urbano no sirven para lo rural", ha resumido antes de abogar por una educación que dé visibilidad al entorno rural.

En la misma rueda de prensa, la presidenta de la Diputación de Palencia (otra provincia afectada por la despoblación), María Ángeles Armisén, se ha congratulado de que el reto demográfico haya cobrado "actualidad" a pesar de que muchas comunidades, como Castilla y León, llevan más de una década alertando del problema.