L a cuenta atrás ya ha comenzado para el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para resolver qué hacer con la toma de decisiones en las sociedades municipales. La duda sobre el recurso de inconstitucionalidad que acordó interponer el Ejecutivo central a la ley de capitalidad, que se dio a conocer el pasado viernes en el Consejo de Ministros, quedó despejada ayer al constatarse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha introducido la petición expresa al Constitucional de que suspenda cautelarmente el apartado del artículo 14.1 de esa ley, el que permitió la maniobra del alcalde Pedro Santisteve. Ahora los magistrados deberán resolver en un plazo máximo de 5 meses. Aunque podría hacerlo en cualquier momento «a partir de septiembre», porque agosto es un mes inhábil para la justicia.

La concejala socialista Lola Ranera anunciaba ayer por la mañana que así se había hecho constar en el recurso de Sánchez. Este, que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se registró el mismo viernes día 3, a las 14.33 horas, por parte del abogado del Estado José Luis Viada Rubio. Y, en él, invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución y el 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional activando los plazos habituales en estos casos.

LOS PLAZOS MARCADOS

Estos indican que el polémico artículo 14.1 de la ley de capitalidad se suspendió de inmediato para el Gobierno central y el autonómico desde que se presentó. Así, lo está desde el pasado viernes, Y para terceros, el ayuntamiento, lo hará cuando el tribunal lo admita a trámite. Y nadie sabe cuándo lo hará pero tampoco se prevé que no se vaya a suspender.

Solo ZeC parece aferrarse a esos plazos y esperar. Ni el alcalde, Pedro Santisteve, ni nadie de su Gobierno, quiere hacer declaraciones. Ayer, al menos, hizo un comunicado exponiendo que, por casos similares, estiman que «suele transcurrir entre un mes y un mes y medio» entre la aprobación del Consejo de Ministros y la admisión a trámite que luego deberá publicarse en el BOE (entonces se haría efectiva la anulación), y que ni el recurso de Sánchez, ni su admisión a trámite ni la posible suspensión «supone su inconstitucionalidad, la cual será determinada por el tribunal cuando emita sentencia». «La suspensión en todo caso debe ser ratificada o levantada por el propio tribunal en el plazo máximo de cinco meses», expuso.

Así que, salvo que en los próximos días tome una decisión diferente, nada hace pensar que se vaya a rectificar de oficio la expulsión que el pasado 9 de febrero hizo de la oposición en la toma de decisiones de los consejos de administración de las sociedades. El tiempo avanza y el aluvión de críticas por no hacerlo solo acaba de empezar. La semana comenzó con el PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA dando nuevamente su visión sobre este varapalo a ZeC. Muy similar a la dada horas después de conocerse la decisión del Consejo de Ministros. Eso sí, ahora sin las cautelas de no saber si Sánchez había pedido o no la suspensión cautelar.

Para la concejala del PP María Navarro esta era «lo único que solucionará la situación en Zaragoza» y está «por encima de cualquier ideología». Su partido, dijo, ha hecho «todo lo posible» para que se declare inconstitucional el artículo que permitió ese golpe en las sociedades. Para Lola Ranera, del PSOE, es «la crónica de cómo una buena ley acaba pervirtiéndose y en el atolladero» por el «manoseo» de ZeC, que la ha «prostituido». «Se las prometieron muy felices pensando que el ayuntamiento era su cortijo», incidió Sara Fernández, de Cs. Para Carmelo Asensio, de CHA, a ZeC «no le va a quedar más remedio que rectificar y asumir las consecuencias políticas y jurídicas de su decisión» del 9-F, aunque consideró que «ya está tardando».