La concejala de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, se plantea demandar al portavoz del PP, Jorge Azcón, por «denuncia falsa». El popular aseguró el pasado noviembre que los contratos asignados a la empresa de la exsocia de Gracia, Desiderata Educación y Cultura, habían sido otorgados «a dedo», por lo que denunció un trato de favor.

El alcalde, Pedro Santisteve, firmó el lunes un decreto por el que se designa a un letrado -externo al ayuntamiento- para que «asesore y, si procediere, ejercite las acciones que correspondan en defensa de la concejala». El texto añade que, si cabe lugar, se exija «una eventual existencia de responsabilidades, en su caso penales, derivadas de la publicación en prensa de un preciado trato de favor recibido por una exsocia» de Gracia. Desde la concejalía de Inclusión explicaron que Gracia se dirige en exclusiva a Azcón, ya que fue quien lanzó las «acusaciones falsas» sobre su persona. Puntualizan que por ahora no ha decidido denunciar al popular, sino que quiere que un experto penalista valore la situación y, así, tomar una decisión al respecto.

Gracia disolvió la empresa Desiderata Proyectos Culturales en el 2015 cuando decidió dedicarse a la política. Hasta entonces, junto a su socia, Elena de Diego, se dedicaba a realizar talleres relacionados con el ámbito de la educación y la cultura. En el 2014 impartieron juntas cuatro talleres para el consistorio por valor de 5.377 euros.

Tras la disolución, De Diego siguió con el proyecto bajo el nombre de Desiderata Educación y Cultura. En el 2015, con Gracia al frente de la concejalía desde junio, facturó más del doble que el año anterior. En el 2016, la empresa de la exsocia de la concejala facturó 11.361 euros por diez talleres. Además, recibió una subvención del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imefez) de 3.578 euros.

Gracia negó en todo momento que se produjera tal trato de favor.