Varios vecinos de la casa azul de Calatayud se han movilizado con la intención de emprender acciones judiciales para determinar posibles responsabilidades en el desplome del bloque 6-8 de la calle Justo Navarro el 10 de noviembre del 2003. Algunos de los afectados mostraron ayer su desacuerdo con la gestión realizada por la Junta de la Comunidad de Bienes --organismo que representa a los dueños de las 52 viviendas y de los locales afectados-- tras la aparición del socavón que provocó el desalojo y posterior derribo del inmueble.

El pasado jueves se inició una campaña entre algunos inquilinos de la casa azul para que los damnificados que quieran se adhieran a una "reclamación de daños" de forma conjunta y voluntaria. En la nota difundida ayer por algunos medios locales de Calatayud se especifica que esta medida no afecta a posibles subvenciones, permisos, así como tampoco a la construcción del nuevo inmueble.

En este sentido, algunos de los vecinos ya han iniciado la tramitación para revocar los poderes que habían otorgado al presidente de la comunidad de bienes --mediante una escritura notarial-- para autorizarle, siempre con el apoyo de otro miembro de la junta, a tomar las decisiones concernientes a la propiedad.

DESCONTENTO El malestar entre algunos vecinos ha surgido fundamentalmente por la gestión que ha realizado hasta el momento la junta de la comunidad de bienes. Según explicaron varios afectados, "hasta el momento no se han efectuado reclamaciones para dirimir posibles responsabilidades que hubieran provocado los problemas de asentamiento en el inmueble".

De hecho, ante la autorización del Juzgado de Primera Instancia de Calatayud del 8 de julio de 2004 para que un vecino y sus técnicos realizaran "pruebas de sondeo" en el subsuelo, el presidente de la comunidad de bienes junto a un miembro de la junta --según señala la escritura de poder--, formularon un recurso de reposición para que el juzgado dejara sin efecto dicha providencia.

Otro punto de desacuerdo es "la falta de información" que, según algunos vecinos, se ha dado sobre las condiciones en que están contratados los letrados y técnicos por parte de la comunidad. Asimismo, varios afectados se han quejado por el procedimiento en que se ha llevado a cabo el derribo del inmueble, ya "que no coincide ni en forma ni en tiempo con el proyecto que se había realizado", según aseguraron algunos de los afectados de la casa azul .

La última fricción ha surgido por la distribución de las 52 viviendas que se recoge en el proyecto enviado a la DGA para la nueva construcción. Según explicaron algunos vecinos, "unas viviendas van a tener menos metros de fachada, menos espacio, e incluso hasta dos ventanas menos que las que tenía en el edifico anterior, mientras que otras viviendas tendrán más espacio".