Los grupos aparcan sus diferencias para aprobar el dictamen de financiación autonómica

La diputada Elena Allué, del PAR, formación que solicitó la creación de esta Comisión, ha incidido en que ningún sistema de financiación ha colmado los intereses de la comunidad y, en especial, el último, de 2009, y ha apuntado que, entre otros acuerdos, el dictamen aprobado recoge la necesidad de corregir la insuficiente financiación de Aragón, que se integre el impuesto de patrimonio en el IRPF, se establezca una horquilla de máximos y mínimos en Sucesiones o que el Estado apruebe una ley marco sobre impuestos medioambientales.

Una mayor ponderación de la estructura poblacional o el envejecimiento, que País Vasco y Navarra contribuyan al fondo de solidaridad o que se cree un fondo de reserva para las comunidades son otras de las cuestiones que recoge este dictamen.

Allué ha insistido en que en un nuevo modelo de financiación Aragón no puede percibir menos que hasta la fecha y ha alertado de que tanto Cs como el bipartidismo pueden ser "una amenaza" en tanto en cuanto ni PP ni PSOE han logrado hasta ahora un sistema "justo" para Aragón.

En cualquier caso, ha subrayado la importancia de que el dictamen sea unánime y sirva al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, para "pelear" y como "hoja de ruta", y que las "relaciones" entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, "no perjudiquen" a la comunidad.

El PAR ha renunciado en aras a la "contundencia del dictamen" a cuestiones ideológicas como un convenio económico para la región recogido en el Estatuto de Autonomía, al igual que el Grupo Mixto, según ha explicado su portavoz, Gregorio Briz, quien ha apuntado que es "el concierto lo que da autonomía financiera" y ha recordado el "esfuerzo" que tendrá que hacer Pedro Sánchez en la reforma del sistema que, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha quedado "en el limbo".

En opinión de Javier Martínez, de Cs, la solución al problema de la financiación autonómica es una decisión "política" y el obstáculo principal son los actuales "tiempos convulsos", en los que la armonización "ha saltado por los aires", con los "privilegios" de País Vasco y Navarra, y ante los que es importante que Aragón tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas para que no salga perdiendo con la reforma, que debe hacerse bajo los principios de "equidad, reparto justo y la garantía de las prestación de servicios públicos".

Marta de Santos, de Podemos, ha hecho hincapié en que la búsqueda de la unanimidad ha obligado a dejar fuera los votos particulares y en que el anterior Gobierno central del PP "no ha avanzado en la ansiada reforma", que va "tarde y mal" y cuyo último documento enviado a las comunidades se aleja "de forma peligrosa" de los criterios defendidos por Aragón en cuanto a despoblación, al tiempo que ha advertido a Gimeno de que "ya no tendrá la culpa de todo el señor Montoro", en referencia el exministro de Hacienda.

Por el PSOE, Darío Villagrasa ha urgido a que el nuevo sistema de financiación sea comprensible para la ciudadanía y se base en la "equidad y la solidaridad" que sustancia el dictamen aprobado por las Cortes, que abandona las diferencias y antepone los intereses de la comunidad y "de la España interior" y que podría servir de ejemplo para otras regiones en el futuro debate.

Por último, Antonio Suárez, del PP, ha puesto el acento en que la negociación que viene será entre las comunidades más y menos pobladas, que son las que más problemas tienen, y en que la reforma del sistema de financiación de 2009 ha sido "la peor" porque han perdido peso tanto la población como la superficie y la dispersión del territorio, por lo que ha valorado que el dictamen aprobado por unanimidad, del que confía que Gimeno y Lambán hagan "buen uso", recoja el sobreenvejecimiento y la necesidad de homologar una cartera de servicios básicos para todas las comunidades.