Todos los partidos manifestaron ayer en el Congreso de los Diputados su compromiso en la lucha contra la despoblación pero no se pusieron de acuerdo en las políticas necesarias para combatirla. Así quedó de manifiesto después de que no prosperara una moción de Ciudadanos, consecuencia de una interpelación a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. El defensor de la iniciativa, el aragonés Rodrigo Gómez, insistió en que este es un problema de Estado y así hay que abarcarlo, por lo que pidió que se tengan ya en cuenta las directrices y los acuerdos alcanzados en distintos foros, empezando por la Estrategia Nacional de Despoblación, con la coordinación de todas las comunidades autónomas y los municipios. Gómez pidió que se dejen los criterios «partidistas» y que en menos de un año se apruebe una Ley de Reversión de la Despoblación «que delimite las zonas más afectadas y que fije un conjunto de medidas».

La iniciativa no salió por la abstención de Podemos y PSOE, que pretendía dar pasos más concretos y firmes en el combate contra este problema, en el que coincidieron que es uno de los mayores a los que se enfrenta el país.

El diputado turolense del PP, Manuel Blasco, cuestionó el verdadero interés de Podemos por la despoblación, y afeó a Gómez que siendo turolense se hubiera presentado por la provincia de Zaragoza para asegurarse el escaño. También puso en duda el verdadero interés de la formación naranja por el medio rural, ya que aboga por la desaparición de municipios y plantea una reforma de la ley electoral que, según el PP, quitaría representatividad a las provincias menos pobladas. Por su parte, la diputada socialista por Zaragoza, Susana Sumelzo, consideró que es la vicepresidenta del Gobierno la competente en esta materia y quien debería dar explicaciones. Arremetió contra la comisionada contra la despoblación, que en un año apenas ha tenido actividad y no ha comparecido en el Congreso y defendió la igualdad en la prestación de servicios independientemente de donde se viva. El PSOE se abstuvo al no aceptarse sus enmiendas que pretendían comprometer financieramente al Gobierno y a tener en cuenta las directrices del Senado. Podemos también criticó la posición de Ciudadanos y se abstuvo.