Los grupos de las Cortes de Aragón han mostrado hoy su preocupación por la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de las cuencas mineras turolenses si finalmente se produce el anunciado cierre de la central térmica de Andorra en 2020, como manifestó ayer Enel, propietaria de Endesa.

Fuentes de Endesa han confirmado hoy a EFE que ayer, en la junta general de la empresa Enel celebrada en Roma, la compañía ratificó que al no haberse producido cambios en el marco regulatorio europeo, que obliga a la térmica a acometer inversiones de 200 millones para su adaptación medioambiental, y no contar con ayudas públicas para ello, se mantiene la fecha prevista del cierre en junio de 2020.

A la espera de que se produzca una confirmación oficial por parte de la compañía, los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes han reaccionado hoy con mucha preocupación por la noticia.

La popular Dolores Serrat ha estimado que ahora lo importante es "trabajar todos juntos" y "de la mano" a pesar de que el asunto "trascienda" de la actuación incluso del Gobierno de España, porque es una cuestión que atañe a la Unión Europea, primero por las directivas medioambientales de obligado cumplimiento y después porque no aceptó el plan de incentivos propuesto para las centrales.

Le consta, no obstante, que el Gobierno central "está trabajando" y el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, ya ha pedido hablar con el secretario de Estado de Energía, esta misma mañana, para conocer los detalles de la noticia y avanzar en las líneas de actuación, porque lo que hay que buscar son "soluciones" y no "culpables".

Por Podemos, Román Sierra ha lamentado que ni éste ni anteriores gobiernos centrales hayan "tomado cartas en el asunto" cuando estaba claro que el reloj corría en contra de los habitantes de las cuencas mineras.

La formación morada ha pedido la comparecencia en las Cortes del presidente de Aragón, Javier Lambán, para que explique en qué punto se encuentra el plan de reconversión de las cuencas mineras.

El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, por su parte, ha considerado que la central es "clave" para el "mix" energético nacional al tener el carbón al lado y a precios competitivos y porque ha generado "millones de kilovatios" que han servido para el desarrollo de otros puntos de España.

Por eso, ha instado a los gobiernos aragonés y central a sentarse con Endesa para intentar hacerle cambiar la decisión y negociar las continuidad de la central más allá de 2020 con las inversiones que sean necesarias.

El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez ha puesto el acento en la necesidad de lograr un gran pacto nacional por la energía para dejar claras las reglas del juego, y también un verdadero plan de reindustrialización, porque se lleva mucho tiempo hablando de la muerte del carbón y la reconversión es algo que "no se hace en dos día".

No obstante, ha considerado que el anuncio puede responder a una intención de "presionar" por parte de la empresa, que lleva mucho tiempo "metiendo miedo a la zona".

Por CHA, Gregorio Briz ha alertado del "efecto demoledor" del cierre en la comarca, para la que hay que buscar "soluciones de choque" similares a las que se adoptarían si fuera declarada "zona catastrófica".

Y ha hecho hincapié en que la fuga de sectores estratégicos de España provoca que decisiones "importantísimas" para el territorio ahora se tomen por parte de empresas extranjeras.

Finalmente, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha lamentado que en dos años y medio toda una comarca se pueda quedar "vendida, sin presente y sin futuro", y por eso uno de los grandes retos es "apostar por nuevas alternativas" y adoptar las medidas necesarias para que la zona se haga atractiva a las empresas.

Es responsabilidad de los Gobiernos de Aragón y de España poner en marcha esas medidas "a todos los niveles" para impulsar la reconversión, ha recordado.