El decreto de ayudas urgentes tras las riadas del Ebro acumula «más de un mes de retraso». Esta fue la denuncia de los grupos del centro derecha en el Parlamento autonómico ante la votación que convalidó ayer las subvenciones en las Cortes de Aragón. Con todo, la previsión de 12,8 millones para las zonas afectadas por las inundaciones salió adelante por unanimidad.
El diputado Ramón Celma (PP) consideró que el Gobierno de Aragón «no está adaptado al ritmo de la sociedad civil» y pidió que las diferentes consejerías que deben tramitar las órdenes intermedias para las ayudas lo hagan «lo más rápido posible».
Los populares también consideraron, frente a las acusaciones de que el Estado no ha gestionado todavía su parte en las ayudas, que ha sido el propio Gobierno de Aragón el que no ha tramitado los informes medioambientales pertinentes. «Van con mucho retraso y no han cumplido», afirmó.
El decreto de ayudas urgentes tiene como objetivo compensar las pérdidas producidas en 54 municipios de la zona de influencia del Ebro y sus afluentes en la provincia de Zaragoza. De los 12,8 millones de euros, 6,3 millones se destinan a reparar daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales; 6,1 a infraestructuras públicas de riego (de los que 5,78 se han liberado ya), y 400.000 euros a paliar daños medioambientales.
Los créditos necesarios para ejecutar estas medidas serán ampliables y se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.
El presidente del PAR, Arturo Aliaga, consideró necesario mejorar la coordinación entre administraciones para garantizar una actuación rápida. Y por parte de Ciudadanos se reclamó especialmente atender a las labores de prevención. «Si se actúa la diferencia en los costes será enorme», aseguró Jesús Sansó.
