La Guardia Civil de Borja ha denunciado a uno de los testigos del caso del párroco de Borja, imputado por apropiación indebida y abusos sexuales, por considerar que sus declaraciones ante la jueza que instruye diligencias pueden constituir "varios delitos de calumnias". El testigo, Rafael G., que compareció a finales de enero en el Juzgado de Tarazona, aseguró, contra lo que había mantenido hasta entonces, que agentes de la Benemérita le habían "coaccionado y amenazado" para que manifestara que el sacerdote era extorsionado por el clan gitano Zapato Veloz, bajo la advertencia de que, si no les entregaba dinero, divulgarían unas fotos en las que el cura aparecía con una mujer semidesnuda.

Sin embargo, ayer, el abogado de los miembros de la Benemérita, Mariano Montesinos, rechazó las afirmaciones de Rafael G., que calificó de "gratuitas y carentes de cualquier fundamento". Además, aseguró que constituyen "un auténtico ataque a la honorabilidad y buen nombre" de sus representados.

Montesinos, que emitió un comunicado, subrayó que la investigación "siempre ha estado bajo la dirección de la autoridad judicial" y que su única finalidad es "el esclarecimiento de lo ocurrido, sin ningún otro interés personal o económico".

En opinión del letrado, las manifestaciones contradictorias del testigo, que estuvo protegido al comienzo del proceso, suponen "un grave atentado contra el honor de los guardias civiles que incluso traspasa la esfera personal y podría incluso afectar a la propia imagen de todo el colectivo". En este sentido, Montesinos advierte de que se reserva el ejercicio de "cuantas acciones se estimen oportunas" contra una o más personas "que pudieran proceder del mismo modo".

Noelia Sanmartín, abogada de Rafael G., manifestó ayer que no tenía aún conocimiento de la denuncia interpuesta por el abogado de los agentes.