El teniente de la Guardia Civil V. F. F. solicitó ayer un año y medio de cárcel por calumnias, una multa de 9.600 euros y una indemnización de 30.000 para la abogada C. S. H., para quien la Fiscalía reclama una sanción de 14.400 euros y un resarcimiento de 9.000 para el denunciante.
La defensa, a cargo del letrado Enrique Esteban Pendás, solicitó la absolución de la acusada.
C. S. H. pronunció las expresiones que le han llevado al banquillo durante el proceso del crimen de la calle San Vicente Mártir, en el que Juan Carlos Larriba fue condenado a 22 años y medio de cárcel como autor del asesinato, a patadas y con saña, del camionero andaluz José María Justicia, al que agredió el 21 de mayo del 2006.
Las investigaciones de V. F. F., suboficial de la Guardia Civil en aquellas fechas, hicieron que el caso diera un vuelco: llevaron a la detención del condenado y permitieron sacar de la cárcel a un joven que, pese a no tener ninguna relación con los hechos, pasó casi un año encerrado en la cárcel de Zuera.
C. S. H., abogada de Larriba, sostuvo a lo largo del juicio que el investigador había obtenido algunas pruebas de forma irregular, caso del ADN sacado de una colilla que Larriba tiró en la calle o por las fotos que había mostrado a algunos testigos, de los que la letrada dijo que fueron presionados por V. F. F.
Entre la declaración de culpabilidad de Larriba por un jurado y la celebración de la vista oral del recurso contra la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se produjo un hecho relevante: V. F. F., destinado entonces en Málaga, fue detenido e ingresado en prisión por su presunta relación con unos narcotraficantes, asunto por el que está pendiente de juicio.
En la vista, la abogada lo llamó "corrupto", le acusó de "ocultar" y de "contaminar" pruebas e incidó que su instrucción carecía de imparcialidad.
El letrado de esta, Esteban Pendás, sostuvo en el juicio --celebrado a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal número 6 por petición del denunciante-- que las acusaciones cuestionan la libertad de expresión de los abogados en el ejercicio del derecho de defensa del cliente", algo que solo puede verse limitado en el caso de proferir insultos.
