Tres agentes del cuartel de la Guardia Civil de Borja declararon ayer en el Juzgado de Tarazona en relación con la denuncia por calumnias interpuesta por la Benemérita contra un testigo del caso del párroco que afirmó que había sido presionado por miembros del instituto armado para que diera determinada versión de los hechos. En la misma, el sacerdote había sido al parecer objeto de amenazas por parte del clan Zapato Veloz, con el fin de chantajearle y obligarle a pagar fuertes sumas por guardar silencia sobre una supuesta foto comprometedora.
Los agentes citados (faltó uno por enfermedad) negaron rotundamente este extremo y se ratificaron en el contenido del atestado, según señaló ayer su abogado, Mariano Montesinos, que señaló que la denuncia se ha extendido a Luis Carbonell, de la familia Zapato Veloz, por sus declaraciones en distintos medios.
El próximo día 20 está previsto que declaren, en relación con las supuestas calumnias, el guardia civil que ayer no pudo hacerlo y el propio testigo, Rafael G. C., cuya abogada, Noelia Sanmartín, declinó hacer declaraciones sobre el asunto.
Rafael G. C. disfrutó de la condición de testigo protegido hasta que él mismo renunció a seguir siéndolo, según señaló Montesinos. Su versión coincidía con la de otra persona que dijo que el sacerdote era extorsionado con una supuesta foto en la que se le veía con una mujer semidesnuda. Pero, a su vez, este testigo cambió su declaración inicial, mientras que los miembros de Zapato Veloz imputados niegan el chantaje.
