El ocio nocturno sigue dando guerra. El tema, enquistado desde hace tiempo, cuenta con dos posiciones claras y, en gran medida, enfrentadas. La de los vecinos de las zonas de fiesta y la de los empresarios de la hostelería. Habría un tercer actor en esta obra, la Administración, especialmente representada en el Ayuntamiento de Zaragoza, que lejos de poner paz definitiva con la aprobación de una nueva ordenanza, no le ha dado tiempo a aprobarla en este mandato y dejará ese veredicto para la próxima corporación. Este era uno de los grandes caballos de batalla de las plataformas vecinales, que esperarán al nuevo Gobierno municipal para cumplir su expectativa.

Sobre este asunto se pronunciaba ayer el portavoz de Stop Ruido Casco Histórico, Miguel Morte, quien consideró que el ayuntamiento ha cedido ante los grupos de presión. «No hay voluntad política, se ha estado jugando con los plazos para que no llegue. Llevan la ordenanza a una vía muerta y nos dan una patada en la boca. Nos sentimos engañados e insultados», subrayó. Pero avanzó, además, que estudian acciones legales contra el ayuntamiento por vulnerar la ley y por no velar por la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Por otro lado, el portavoz de la plataforma vecinal anunció que se está constituyendo una coordinadora estatal de afectados por el ruido. De la misma forman parte ya cuatro entidades de Zaragoza, y espera que dos o tres más de la ciudad se sumen próximamente. El proyecto cuenta con la representación de doce comunidades autónomas.

En el otro lado, las asociaciones de hostelería presentaron a finales de marzo medio centenar de alegaciones a una ordenanza que, según el colectivo, se redactó sin tener en cuenta ni consultar a las entidades que lo representan. En este contexto, el Justicia de Aragón medió a principios de marzo con un encuentro entre las partes que, aunque discurrió de manera cordial, no se ha vuelto a repetir, de momento.