La Oficina Municipal del Consumidor de Zaragoza (OMIC), consciente de las dificultades y desconocimiento a los que se enfrentan los ciudadanos para dirimir un conflicto, ha publicado un cuaderno divulgativo en el que informa sobre los derechos de los usuarios en la Administración de Justicia.
En ocasiones, la labor de mediación y la resolución extrajudicial de conflictos que realizan la OMIC y la Junta Arbitral de Consumo no puede alcanzar su buen fin y se debe acudir necesariamente a los tribunales de justicia para resolver los conflictos entre consumidores y empresas.
A través de 28 páginas, la guía acerca la realidad judicial a la ciudadanía con el fin de paliar la incertidumbre que en ocasiones se le presenta por desconocer su funcionamiento. De forma clara y sencilla explica la distribución de competencias en materia de Justicia, los principales órdenes jurisdiccionales o clases de juicios, con especial atención a aquellos en los que no es necesaria la actuación de abogado ni procurador.
Desde la propia OMIC reconocen que muchos ciudadanos desconocen que en el caso de juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 euros, para la petición inicial de los procedimientos monitorios o en escritos en los que se solicita la adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión de vistas y actuaciones, no se necesita ni abogado ni procurador.
El cuaderno informa asimismo del coste del acceso a la Justicia, como la cuantía de las tasas judiciales, que pueden oscilar entre los 150 euros de un proceso verbal de orden civil, los 800 euros que cuesta apelar una sentencia o los 1.200 de un proceso de casación en el orden contencioso-administrativo.
