El portavoz del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se ha limitado a recalcar que "hay que acatar las resoluciones judiciales", después de conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el artículo 14.1.u de la Ley de Régimen Especial de Zaragoza (Ley de Capitalidad).

Este apartado es el que utilizó el 9 de febrero pasado el ayuntamiento, gobernado por ZeC, para limitar la presencia de la oposición en las cuatro sociedades municipales -Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda y Ecociudad- y dotarse de mayoría en todas ellas.

El Gobierno de Mariano Rajoy encargó un dictamen al Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de este artículo de la norma autonómica y finalmente fue el de Pedro Sánchez el que, con ese documento en la mano, decidió recurrir al TC.

La admisión a trámite supuso la suspensión cautelar del artículo, tras lo que poco después ZeC revirtió la decisión del 9 de febrero, que la oposición catalogó como "golpe a la democracia" y los grupos municipales regresaron a los consejos de administración de las sociedades en proporción a los votos obtenidos.

Guillén ha señalado en rueda de prensa que no han estudiado todavía la resolución judicial, pero ha mantenido su defensa de que dicho artículo podía ser constitucional y que era la aplicación por parte de ZeC la que "no era la más correcta".

En cualquier caso, ha resaltado que el Gobierno de la ciudad ya rectificó y retomó la situación previa a la aprobación de la Ley de Capitalidad.