El proceso de conversión del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en una dirección general ya ha provocado las primeras reacciones adversas. Los sindicatos mayoritarios de la administración pública criticaron ayer que 35 puestos de dirección pasen al organigrama de la DGA bajo la fórmula de personal laboral «a extinguir», algo que consideran una forma de perpetuar «el modelo clientelar» que tradicionalmente se le ha reprochado a esta entidad de derecho público.

Los representantes de UGT, CCOO y CSIF calificaron ayer de «cacicada» lo que consideran una imposición que evitará que esos trabajadores pasen por las pruebas de selección a las que están obligados todos los funcionarios, También dudaron sobre la legalidad del cambio y pidieron que los actuales trabajadores del IAA se incorporen a la administación en calidad de «indefinidos no fijos», un modelo que facilitaría su renovación en el caso de convocatoria de oposiciones.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, defendió la modalidad elegida por ser «la que más se ajusta a derecho» y defendió que así se mantienen el mismo régimen jurídico que dio origen a su contratación, lo que no supondrá la atribución de la condición de funcionario público ni de personal laboral fijo de la comunidad.

Cumpliendo con un compromiso adquirido por el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, en el comienzo de la legislatura, ayer se aprobó el proyecto actual de conversión en dirección general que se remitirá a las Cortes para su tramitación y que está previsto que la nueva ley entre en vigor el 1 de enero del 2018. La intención de fondo es la de asumir las competencias en la gestión del agua dentro de la administración para evitar las polémicas e irregularidades que se vivieron en el pasado.

negociación colectiva / La maniobra, pese a la defensa de su conveniencia por parte de la DGA, ya ha provocado que los sindicatos abandonen la negociación de la ley de la función pública. Ayer no se sentaron en una mesa que iba a abordar los procesos de selección. Además, los sindicatos auguraron una posible judicialización del cambio en dirección general si no se modifica durante el trámite parlamentario el estatus de los antiguos empleados del IAA. «Estamos indignados por la forma en la que se están blindando a unos trabajadores que tuvieron relación con las prácticas que se quieren evitar», aseguró el representante de CCOO, Francisco González.