El revuelo mediático provocado alrededor de la ley que actualiza los derechos históricos de Aragón no parece inquietar a los responsables de la DGA. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, consideró ayer que el texto que se publicó de forma oficial esta semana es una ley «que abre nuevos espacios para ampliar el ámbito competencial derivado del propio Estatuto de autonomía» y que en nada cuestiona «la unidad de España».
Guillén consideró que la polémica entronca «con un debate nacional» que va más allá de lo que se debatió en las Cortes y recordó que la norma no solo fue aprobada por «irredentos izquierdistas». De hecho, el texto impulsado por CHA recibió votos favorables de IU, PSOE, Podemos y PAR. Además recordó que en su redacción se parece mucho a una propuesta similar que negociaron los aragonesistas con el PP en la pasada legislatura.
Guillén indicó que la DGA entiende que la comunidad autónoma forma parte de un objetivo común que es España y que con esta ley «pretende contribuir a su desarrollo sin renunciar a la singularidad de Aragón, avalada por la Constitución y el propio Estatuto de autonomía». Por eso señaló que gracias a ella se podrán abrir «espacios» dentro del autogobierno.
En el caso de que se produzca «un hipotético recurso» por parte del Gobierno de España o de alguna formación que dude de su constitucionalidad, Guillén indicó que pedirá convocar un encuentro bilateral para «dilucidad y negociar» los aspectos dudosos.
Preguntado por los motivos por los que desde la DGA se ha avalado una ley que contaba con criterios jurídicos y con recomendaciones del Gobierno de España respecto a su posible invasión de competencias estatales, Guillén explicó que habitualmente solo se avisa de las consecuencias negativas de aquellas leyes de contenido económico.
