Cuando dos administraciones de distinto signo político se ponen de acuerdo, como ocurrió el pasado miércoles en la comisión bilateral entre Aragón y el Estado, el debate parlamentario baja de intensidad. Eso es lo que ocurrió ayer en las Cortes durante la comparecencia del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que explicó a los grupos las conclusiones de una reunión en la que destacó que, por primera vez en 21 años, el Estado acepta estudiar el artículo 108 del Estatuto que permite abordar bilateralmente la negociación de Aragón. Guillén llegó a ser más explícito y avanzó que es posible que en septiembre se constituya ya el grupo de trabajo encargado de interpretar este punto de la ley.

Este acontecimiento, tildado de «histórico» por el Gobierno de Aragón, y que pone de acuerdo al PP estatal con el PSOE y CHA, fue también visto con buenos ojos, aunque con cautela, por el resto de los grupos con representación parlamentaria. Tan solo Podemos se mostró más crítico con una reunión que definió como «una foto» y una «tomadura de pelo que venden como un éxito», en palabras de su portavoz, Maru Díaz. La podemista coincidió con Ciudadanos e IU en lamentar la falta de acuerdos en aspectos como la central térmica de Andorra, el aspecto que dejó con peor sabor de boca a la delegación aragonesa que se reunió con el Gobierno.

Patricia Luquin, de IU, mostró cierto escepticismo ante las conclusiones del acuerdo, pero se mostró esperanzada de que la apertura del debate sobre el artículo 108 sea «un punto de inflexión» y haya acuerdos concretos. Arturo Aliaga, portavoz del PAR, al igual que Susana Gaspar, de Ciudadanos, valoraron los resultados de la reunión y quedaron a la espera de resultados.

Guillén aprovechó para reprochar al líder del PP, Luis María Beamonte, que criticara días antes del encuentro que se fuera a hablar del artículo que permite a Aragón negociar bilateralmente su financiación.