El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, anunció ayer que pedirá al Ministerio de Hacienda la convocatoria de la comisión mixta de Asuntos Financieros Aragón-Estado, que no se convoca desde el 2008, para tratar de agilizar alguno de los compromisos adquiridos por el Gobierno central en la reunión bilateral mantenida hace dos semanas, sobre todo la ejecución de infraestructuras.

Guillén expuso en las Cortes de Aragón, en una comparecencia a petición propia, los acuerdos y promesas alcanzados entre la delegación del Gobierno de Aragón, de la que él formó parte, y la del de España, que encabezó la ministra de Administración Territorial Meritxell Batet. Defendió su importancia, ante las críticas por la falta de acuerdos en firme tras el encuentro.

Así, Guillén repasó la retirada parcial de los recursos de inconstutitucionalidad contra la ley de emergencia social, que a efectos prácticos habilitan a la DGA a expropiar viviendas fruto de desahucios a los grandes tenedores; la futura reforma de la ley de administración local que permitirá encadenar contratos con un mismo empresario -necesario en el ámbito rural y en investigación, defiende la DGA- o la elevación de aguas del Ebro al polígono industrial de Andorra, que facilitará la instalación de empresas.

Salvo el propio PSOE, CHA y el espíritu constructivo de Arturo Aliaga en el PAR, el resto de grupos no fue tan optimista como Guillén con los resultados de la reunión. El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez le reconoció el esfuerzo pero afeó que no se hubiese hablado de los más de 8.000 millones de deuda histórica del Estado con Aragón.