El revés sufrido por el Gobierno de Aragón a la hora de aprobar una modificación presupuestaria destinada al pago de nóminas para el profesorado de la concertada no tendrá una solución inmediata. «Será necesaria mucha paciencia», asumió ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.
La necesidad de mover dos créditos de algo más de 15 millones de euros para afrontar el pago de la concertada sigue vigente, pero desde la DGA confían en que los afectados no acaben notando la falta de acuerdo político. «Hace falta diálogo y que no se use una cuestión tan sensible como esta para provocar un desgaste en el Ejecutivo», indicó.
La involuntaria alianza del PP con Podemos para frenar el trámite ha dejado a la DGA en una situación complicada. «Cuando el PP estaba en el gobierno nunca hubo ningún problema frente a la infradotación de la concertada», recordó el consejero, al considerar que en algunas etapas el desfase fue incluso mayor.
Y al portavoz de Podemos, Héctor Vicente, le aseguró que el cambio no obedece a una «cuestión de ideología» y que tiene más que ver con la «gestión presupuestaria de buscar soluciones» ya que se han producido modificaciones similares desde el año 2010.
Después del verano se espera una nueva votación para la que la DGA tendrá que buscar otras alianzas o lograr un cambio de postura en los dos grupos. Por el momento el consejero defendió la apuesta del PSOE por la educación pública y negó que se encuentren en una situación de bloqueo. Fuentes del Ejecutivo recordaron que las partidas bloqueadas fueron una parte mínima de las que se votaron.
