El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) dará marcha atrás hoy en la Comisión de Urbanismo a la anunciada suspensión de la licencia de obras de la reforma de los juzgados que tenía en licitación el Gobierno de Aragón. En principio, lo debería hacer de oficio, después de que el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, y el responsable municipal de Economía, Fernando Rivarés, contactaran ayer telefónicamente para reafirmarse en el compromiso de ceder parte del inmueble al consistorio y emplazarse a «hablar en los próximos días» de ello. O, según la ciudad, a cerrarlo en la reunión bilateral que tienen previsto celebrar en las próximas semanas. Pero, en caso de que no sea así, será la oposición la que lo fuerce, ya que todos los grupos municipales entienden que «faltan informes» en este expediente que es «puramente político» y que no se sustenta en la firma de ningún técnico.
Así llega el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, al Día D marcado por él mismo para suspender la licencia de obras de unos trabajos de rehabilitación que la DGA tiene en licitación, con el plazo de presentación de ofertas ya concluido y nueve empresas que aspiran a ser la adjudicataria. Su idea pasaba por poner pie en pared tras más de un año de espera para la firma de un convenio que lo regule y que, según ha podido saber este diario, desde el Ejecutivo autonómico supeditan, entre otras cosas, a que el ayuntamiento defina los usos que tendrían los casi 5.000 metros cuadrados que reclama. Algo que ZeC no ha consultado a la oposición y que debe ser compatible con el que pretende la DGA.
ANTES Y DESPUÉS
La conversación telefónica entre Rivarés y Guillén versó, según pudo saber este diario, sobre la necesidad de corroborar el acuerdo pactado en el 2017. Y ya en la bilateral zanjar los flecos. Así, Guillén apelaba a un gesto de buena voluntad en la comisión de hoy. Para no empeorar las cosas, ya que solo unas horas antes, el consejero de Presidencia anunciaba que no se puede utilizar un acto administrativo reglado para hacer presión política. Y que si el ayuntamiento decide la suspensión «el día que nos lo comuniquen el Gobierno de Aragón tomará las medidas administrativas y judiciales a las que tengamos derecho. Esa será nuestra posición. Las licencias municipales son actos reglados que se conceden o no».
Guillén insistió en la intención de la DGA, con este proyecto en la plaza del Pilar, de «trasladar a todas las personas que están trabajando en el ámbito de los social», que lograría «una reactivación económica por el traslado de muchos funcionarios». Aunque no le bastaría con que no se suspenda. Según el expediente, la solicitud se registró el pasado 2 de febrero y la normativa exige un pronunciamiento en el plazo máximo de tres meses. Ya va tarde.
Pero Muñoz no sacaría adelante esta suspensión aunque lo quisiera. Leticia Crespo, concejala de Chunta, será la primera en intervenir en el debate y ayer ya aseguró que va a «pedir la retirada» del expediente de suspensión porque «no está avalado por la responsable del servicio de Licencias» y su firma la considera «indispensable». «Solo está respaldado por el gerente de Urbanismo -Miguel Ángel Abadía- y eso demuestra que el argumento es puramente político. Huele a pataleta de ZeC», afirmó.
Todos los partidos manifestaron expresamente esta misma idea y pedirán la retirada. Pedro Navarro, del PP, añadió que el expediente admite que «no consta que haya negociación», ya que no hay actas de esas reuniones con la DGA, y lamentó la «inseguridad jurídica» que genera que «los actos reglados se suspendan de forma unilateral». «Suena más a chantaje que a otra cosa», valoró Lola Ranera, del PSOE, quien apuntó que «no es aceptable que se suspenda» por algo sobre lo que «sería lógico que el servicio de Licencias se pronunciara». «Esas reuniones con la DGA parecen más conversaciones de cafetería que acuerdos serios», resaltó Alberto Casañal, de Cs, quien afeó la actitud de ZeC: «No sé si es un órdago o un farol».
