"CAI Inmuebles es la empresa mediante la cual la CAI ha operado en el mercado inmobiliario, pertenece al 100% a la CAI, tienen el mismo domicilio social y forman parte del mismo grupo empresarial. Son, también, desde un punto de vista material, la misma entidad. Hablar de CAI Inmuebles es hablar de la CAI".

Por obvio que resulte, la jueza María Jesús del Pilar, titular del Juzgado Mercantil número 1 de Málaga, ha sido la primera en poner negro sobre blanco en una sentencia esta conclusión. Lo ha hecho al resolver un incidente del concurso de acreedores de Aifos mientras, de manera simultánea, su colega Soledad Alejandre, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, investiga la gestión del brazo inmobiliario de la caja.

Del Pilar narra cómo la CAI favoreció un negocio de la inmobiliaria zaragozana Plaza 14 --esta sociedad lo negó-- al romper su participada con Aifos, con la que se alió para promover en Marbella la construcción del hotel Guadalpín, uno de los episodios clave del caso Malaya.

CAI Inmuebles rompió con Aifos tras la detención en el 2005 del administrador único de esta sociedad --J. R. C.-- en la operación Malaya, en cuyo juicio resultó absuelto.

Cuando rompieron, narra la jueza, Aifos sufría una "crisis financiera, pero (...) nada hacía presagiar, en ese momento, una quiebra de la entidad o la existencia de la insolvencia actual".

En noviembre del 2006, CAI Inmuebles, que antes se había llevado 5,89 millones a cuenta de unos beneficios que nunca llegaron, canceló la cuenta de participación abierta con Aifos --vencía en el 2011--, en la que había ingresado doce millones de euros aportados por la caja, cuya devolución instó.

Aifos carecía de liquidez pero sí tenía un patrimonio con el que, a través de su filial Hogares Nuevos, se vio obligada a realizar "un negocio antieconómico" consistente en vender por 25 millones unos suelos en Valdespartera tasados en 33 a Plaza 14, empresa que comparte administrador con Plaza 14 Cataluña, en la que CAI Inmuebles tiene intereses. El mismo día de noviembre del 2006 que cerró esa operación, en la que perdió ocho millones, Aifos pagó 8,4 millones a la filial inmobiliaria de la caja de ahorros zaragozana.

La CAI sostuvo que se limitó a financiar el negocio de Aifos, que debía devolverle los doce millones. Y también mantuvo que el fracaso se debió a que esa sociedad calculó mal la edificabilidad de las fincas en las que preveía levantar los hoteles.

La jueza concluye que Aifos "no tenía el menor interés" en vender las fincas, y menos a "ese precio tan bajo". "La situación de poder de la CAI es palmaria, así como el prevalimiento", anota. "CAI Inmuebles impuso su voluntad a Aifos", añade.