El propósito del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, de posibilitar el aplazamiento de la jubilación a todos los sanitarios -tanto especialistas como médicos de familia- deberá esperar. El Departamento de Hacienda mantiene bloqueada esta vía, al menos, hasta que Sanidad presente un plan específico que permita estudiar las necesidades que se plantean «y cuál es la mejor forma de darles solución». Así, descarta que la paralización tenga que ver con el apartado económico. «No tiene nada que ver con el coste, sino con la necesidad previa de disponer de ese plan de recursos humanos que consideramos necesario», indicaron fuentes de este departamento.

Aunque Hacienda se refiere en todo momento a un plan de recursos humanos, este ya fue aprobado por unanimidad el año pasado en mesa sectorial de Sanidad, con lo que la exigencia de la consejería de Fernando Gimeno podría referirse a un plan específico y complementario a aquel para prolongar la vida laboral que, de hecho, Sanidad asegura estar ultimando. «Ese planteamiento operativo sobre la prolongación de la vida laboral de los facultativos está muy avanzado», insisten fuentes de este departamento.

HASTA LOS 67 // La aspiración de Celaya de propiciar el aplazamiento de la jubilación de los médicos responde, sobre todo, a la dificultad para cubrir puestos específicos, principalmente, en centros periféricos. Por eso, el Consejo de Gobierno ya aprobó, hace algo más de un año, la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 67 años de facultativos de seis especialidades -Anatomía Patológica, Cardiología, Cirugía ortopédica y Traumatología, Obstetricia y Ginecología, Radiodiagnóstico y Anestesiología—. Sin embargo, apenas media docena de estos profesionales han solicitado esta opción, que, en la actualidad, ya se ejecuta. Precisamente, esta vía fue solicitada por la consejería como medida transitoria hasta que ese plan que ahora demanda Hacienda estuviera elaborado.

Sin embargo, Sanidad ya ha solicitado que esta medida se haga extensiva al resto de facultativos y también a los médicos de familia, lo que, de momento, topa de bruces con el bloqueo de Hacienda, que podría temer que el resto de funcionarios también quisiera disfrutar de esta opción.

Porque, en principio, el coste económico de la prolongación de la vida laboral de estos profesioanales no sería elevado, ya que su jubilación implicaría la cobertura de ese puesto por parte de otro sanitario, que, eso sí, no percibiría el suplemento en concepto de antigüedad que sí cobran los médicos que están en sus últimos años de servicio.

El plan de recursos humanos, aprobado el pasado mes de febrero, estima que el número total de plazas que quedarán vacantes en los centros del Salud, entre los años 2016 y 2020, por causa de la jubilación forzosa del personal al cumplir la edad reglamentaria, es de 3.083 plazas, es decir, el 13,6% del total.

Un total de 400 facultativos especialistas de área se habrán jubilado de forma forzosa en el 2020, según las previsiones del Salud. Las especialidades afectadas por las plazas que, en los próximos años, dejarán libre sus actuales ocupantes son Cirugía General y Digestiva, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica y Radiofísica Hospitalaria. En todos esos casos, el volumen de bajas en el 2020 de personal que ahora está próximo a su jubilación rebasa el 30%.