El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley para permitir la reinversión del superávit de los ayuntamientos, con el que se abre la mano y flexibiliza el gasto de las entidades locales en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales. Según anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las corporaciones locales saneadas podrán también destinar el superávit a adquisición de mobiliario y enseres de los servicios públicos que puedan recibir estas inversiones, así como a los vehículos para prestación de varios de estos servicios.

Además, se flexibiliza la autorización administrativa previa que los ayuntamientos deben solicitar a Hacienda para determinados proyectos de inversión de algunos grupos de programas, al incrementarse de 10 millones a 15 millones el importe a partir del cual se requerirá de este permiso.

De esta manera, se cumple con el compromiso adoptado por Montoro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de aprobar este mes el decreto para ampliar los programas de inversiones financieramente sostenibles sin esperar, como otros años, a realizar la prórroga de los mismos en los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan la próxima semana.

MÁS GASTO/ Al hacerlo así, se facilita que las corporaciones tengan tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación y que puedan hacerlo hasta 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se acordó entre Hacienda y la Femp. El supéravit local del año pasado, que se estima en un total de 5.000 millones de euros, podrá destinarse a inversiones en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial. También a bibliotecas y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas, y a los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Montoro destacó que, de esta manera, las corporaciones locales podrán servir «mejor y más eficazmente a los fines que les son propios» y que esta medida es resultado del acuerdo y el diálogo del pacto establecido con la FEMP entre formaciones políticas «de completamente diferente ideología». El ministro agradeció la labor de las entidades locales a las que se refirió como «todo un referente de buena gestión» durante los años difíciles de la crisis económica.