El Gobierno de Aragón pasa a estar intervenido. El plan económico-financiero que prepara la consejería de Hacienda tiene como esencia el control férreo del gasto. El departamento liderado por Javier Campoy fiscalizará partida a partida al resto. No se hará nada sin su consentimiento. Para lograrlo se crean cuatro órganos transversales que autorizarán o denegarán cualquier crédito presupuestario. El objetivo es recortar como mínimo 80 millones de euros para volver a la senda del equilibrio presupuestario. La venta del patrimonio de la DGA, con "ofertas atractivas", incidirá en el apartado de los ingresos, que sigue ocupando un segundo plano.

El flamante consejero de Hacienda, Javier Campoy, compareció ayer por la mañana en las Cortes para explicar las líneas maestras de su gestión al frente del departamento. Estableció tres prioridades: consolidación fiscal, estabilidad y mejora de la financiación autonómica. Nada nuevo. Los objetivos son los mismos desde el principio de la legislatura. Iguales a los de sus antecesores: Mario Garcés y José Luis Saz. Los resultados desiguales. El primero no tuvo tiempo, se marchó antes de recoger frutos, el segundo se inmoló al incumplir el objetivo del déficit.

QUEDA MARGEN

Campoy tiene por delante menos de un año para demostrar que sus nuevas medidas de control del gasto son efectivas y que realmente hay margen para el recorte. Ayer dijo que sí, que lo hay, y que se logrará ajustar el gasto en los pequeños detalles. Sobre todo en sanidad, la consejería más incumplidora, la que se desvía año tras año y que el consejero quiere poner en vereda con una subcomisión llamada de gasto social que pondrá el foco en este departamento casi de forma exclusiva. Habrá otras dos: una de inversión estratégica --sobre todo para Obras Públicas-- y otra de racionalización y optimización del gasto corriente --que afectará a todo el Gobierno--. Las controlará la llamada unidad de control de gestión, presidida por el propio consejero, la directora general de Presupuestos, Blanca Soláns y varios funcionarios.

Esta nueva estructura, con la estrategia que conlleva, será la esencia del plan económico-financiero que Campoy debe remitir al Ministerio de Hacienda. Aseguró el consejero en el Parlamento que no es necesario precisar la cuantía del recorte que estas medidas conllevan. Pero será, como mínimo, del déficit estructural. Es decir 80 millones de euros. En las proyecciones más optimistas que han elaborado los técnicos del departamento se alcanzan los 250 millones de ahorro en lo que resta de legislatura. El consejero evitó ayer decir ninguna cifra, pese a las preguntas insistentes de los grupos de la oposición.

Con los diques que contener el gasto colocados, Campoy planteó la venta de patrimonio para mejorar los ingresos. En los próximos días se publicarán los bienes de los que el Ejecutivo quiere desprenderse con "ofertas atractivas". También se acelerarán las desinversiones en las empresas públicas participadas por el Gobierno de Aragón. Esto permitirá, dijo, invertir en el futuro. El consejero no precisó en qué. Sí aseguró, como ha hecho infinidad de veces la presidenta Luisa Fernanda Rudi, que no habrá subidas de impuestos. Menos aún a un año para los comicios del 2015.

Los esfuerzos de Campoy se centrará en cumplir el déficit. Las exigencias del día a día, con el fracaso de las cifras del 2013 no le dejan alternativa. Hay que estrangular el gasto como sea, pareció decir ayer en las Cortes. Ahora bien, queda por delante la negociación del nuevo modelo de financiación autónoma. Un órdago de cuidado. No adelantó gran cosa al respecto. Se limitó a decir lo mismo que sus antecesores, que intentará que el envejecimiento y la dispersión geográfica cuenten más en el sistema que aún está por definir y sobre todo por negociar. Y a solo un año de las elecciones autonómicas.