El Ministerio de Hacienda actualizará el valor catastral de más de 1.800 municipios de toda España que así lo han solicitado para el 2018. De ellos, 234 son aragoneses, que se incorporan a otros 350 que ya sufrieron esta revisión catastral el año pasado. Esta medida, que puede suponer la subida rdel impuesto de bienes inmuebles (IBI) u otros como las plusvalías o el patrimonio, afecta además a dos capitales de provincia, como Huesca o Teruel.

La provincia con más municipios afectados por la actualización es Teruel, con 106. Le sigue la de Huesca, con 86, y por último la de Zaragoza, con tan solo 42 municipios. La mayor parte de ellos llevan más de 20 años sin ninguna actualización del catastro.

Todos los ayuntamientos incluidos en la orden que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) solicitaron esta actualización. Tras este listado, los presupuestos generales del Estado del 2018, cuyo anteproyecto el Gobierno aprobará la semana que viene, tras aplazar la medida que tenía prevista para este viernes; incorporan unos coeficientes de actualización que pueden suponer una bajada (si este está por debajo de la unidad o una subida, si está por encima).

Una vez aplicados los coeficientes, la ley prevé que el alza en el IBI se aplique de manera gradual a lo largo de 10 años. Los ayuntamientos, además tienen herramientas para paliar los efectos a través de los tipos del gravamen. Pueden solicitar la actualización de los coeficientes para los valores aquellos municipios en los que hayan trancurrido al menos cinco años desde la última revisión catastral (recálculo del valor del conjunto de los inmuebles de la ciudad) y en los que haya “diferencias sustanciales” entre los valores de mercado y los que sirvieron para determinar los valores catastrales que estén en vigor en ese momento.

Para este año, como no había presupuestos del Estado antes de que acabara el 2016, el Gobierno optó por utilizar la vía del real decreto-ley, que se tramita de forma más rápida, a través de la convalidación en el Congreso, lo que permitió a los ayuntamientos aprobar o adecuar las ordenanzas fiscales para que pudieran entrar en vigor el 1 de enero del 2017.

Con esta nueva actualización, prácticamente todos los municipios aragoneses habrán visto actualizado el valor catastral de sus inmuebles y fincas. Falta la ciudad de Zaragoza, que ya lo ha solicitado el ministerio y que podría revisarlo el año próximo.