Las etiquetas de los alimentas o, mejor dicho, la falta de ellas puede evitar que un consumidor sufra una importante intoxicación alimentaria. El Seprona de la Guardia Civil ha descubierto en lo que hasta ahora era un lugar de referencia para los amantes de la gastronomía asiática en Zaragoza, y en concreto en la calle Marcial, nada menos que una tonelada de alimentos no aptos para ser ingeridos.

Un hallazgo que, tal y como señalan fuentes de la investigación a EL PERIÓDICO, fue a iniciativa del propio Seprona que realizó una comprobación en la que observó una serie de irregularidades. De forma inmediata, los agentes activaron a personal del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para hacer una inspección que duró «más de siete horas ininterrumpidas». El supermercado Xinhua permanece abierto al público y todos los alimentos que actualmente se ofertan al público ofrecen garantías sanitarias tras un pormenorizado examen. De hecho, un centenar de productos solo incumplían las normas de etiquetado y tras subsanar dicha incidencia actualmente están en las estanterías, ya que reúnen el resto de condiciones sanitarias.

Destacan desde el Seprona que en el interior de este establecimiento descubrieron diferentes productos de alimentación (cárnicos, conservas, carne y pescado congelados y productos manufacturados) que «carecían de las condiciones higiénico sanitarias necesarias para ser consumidos». Dichos alimentos se encontraban en estanterías y cámaras frigoríficas del comercio, listos para ser comprados por los clientes. «O tenían un etiquetado inadecuado, ya que no estaban en español, superaban la fecha de caducidad o estaban mal conservados», destaca uno de los investigadores.

CARNE PASADA

Resaltan desde el Seprona que encontraron 326,100 kilos de carnes congeladas, que se encontraban en la zona de dispensador de las carnes y una cámara frigorífica interior, y estaban caducados o carecían de etiquetas desconociéndose su origen.

«Lo que hacían desde este comercio era que cuando una carne iban a tener que tirarla porque ya se había pasado la congelaban y rompían ese proceso», destacan estas mismas fuentes, que resaltan que «a ello se suma que no etiquetaban nada». «Un supermercado no puede congelar por voluntad propia un producto, sino que lo tiene que hacer un distribuidor y en el paquete en el que se vende se tiene que especificar la fecha de envasado», apostillan.

Una situación similar presentaban 129,900 kilos de pescado congelado, envasados con caducidades y fecha de consumición preferentemente superadas e incluso alguno de ellos con alteraciones organolépticas por rotura de cadena de frío.

Por otro lado, el Seprona y Salud Pública halló en las estanterías y frigoríficos nada menos que 395,500 kilos de productos envasados, de diversa procedencia, cuya caducidad y fecha de consumo se hallaban superadas.

Una vez examinada la mercancía, y tras verificar que no era apta para consumo humano, fue retirada del establecimiento oriental y destruida posteriormente.

Tanto los agentes como los inspectores sanitarios tuvieron que regresar al día siguiente para comprobar que los 100 kilos de productos que estaban mal etiquetados y que fueron inmovilizados habían sido reetiquetados de forma correcta.

Desde el Seprona explican que los importadores de alimentos chinos no solo etiquetan en español el contenedor en el que se transporta el producto, sino que incluyen una serie de adhesivos para que cada una de las unidades que se ponen a la venta den toda la información necesaria a los consumidores.

La Guardia Civil no cerró el establecimiento al público, después del hallazgo, ya que, tal y como señalan, «se miró producto por producto todo lo que estaba puesto a la venta» y había otros que reunían todas las garantías. No obstante, califican de «grave» la retirada de una tonelada de alimentos no aptos para el consumo y dejan en manos del área de Salud Pública del Ejecutivo autonómico, que es la competente, para decidir el tipo de expediente abierto en contra del dueño de este supermercado, de origen chino, y las medidas a tomar tanto con respecto a su negocio como contra él. Penalmente, de considerarse que la vida de las personas podría haber estado en riesgo, este hombre podría llegar a ser imputado por un delito contra la salud pública.

PENAS DE PRISIÓN

El Código Penal castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que ponen en peligro la salud de los consumidores que ofrecen en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición. Establece penas de uno a cuatro años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer ese trabajo por tiempo de hasta seis años. Una pena que también se prevé en los casos en los que se adulteran determinados artículos.