Además de la estigmatización social, los pacientes con VIH y sida deben luchar contra una discriminación laboral que existe y que les cierra puertas por el simple hecho de ser portadores. «Los casos existen y solo mediante la negociación colectiva se puede defender los derechos de los trabajadores», señala Margarita Moya, responsable de Servicios Sociales en UGT Aragón.
Las pruebas de detección de VIH previas a la contratación, o durante la relación laboral son ilegales, mientras que el trabajador no está obligado a informar al empresario acerca de si está infectado o no por VIH.
«Hay que instar también a los Gobiernos a esa lucha contra la discriminación», dice Moya, quien apunta que desde UGT, junto a Omsida, reclaman «el cambio de denominación de enfermedad infecciosa por enfermedad transmisible», apunta. «Son cuestiones que derivan en barreras de acceso a los servicios públicos y en el siglo en el que vivimos no se pueden permitir. Hay que atajar la discriminación laboral», apunta.
La Organización Internacional del Trabajo, en el 2010, estableció que los empleados «no deben ser objeto de discriminación» por su estado serológico, real o supuesto y, en cualquier caso, se debe asegurar la protección de la vida privada y la confidencialidad.
